Contra detenido en Apatzingán, acredita CNDH violación a derechos humanos
Morelia, Michoacán.- Acusado de alterar el orden en la vía pública, Juan V. fue detenido y llevado a la barandilla de Apatzingán, que no informó a su familia ni llamó a un abogado; la noche en que fue detenido supuestamente se “suicidó”, pero hasta 3 días después se avisó a los familiares.
Ingresa a: SSP reforzará seguridad a representantes de la USDA tras amenaza
Tras una investigación de poco más de 6 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pone en duda el supuesto suicidio; acreditó violaciones a derechos humanos y emitió una recomendación para la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, la entonces Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General de Michoacán (FGE) y el ayuntamiento de Apatzingán.
En el expediente CNDH/1/2016/2428/Q, la CNDH informó que los hechos ocurrieron en diciembre de 2015, cuando “Juan V.” (como lo llamaremos aquí debido a que la autoridad omitió su identidad, la “V” significa víctima) fue detenido “por encontrarse agresivo en la vía pública”.
Aunque nadie presentó cargos en su contra, por “agredir a una persona con piedras y portar un cuchillo”, el 18 de diciembre de 2015 Juan V. fue detenido y llevado a las instalaciones de la Policía Municipal, que derivado de un convenio institucional, desde 2014 estaba a cargo de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional.
Esa ocasión la autoridad responsable de la barandilla en la Dirección de Seguridad Pública de Apatzingán resguardó las pertenencias de Juan V., entre las que se reportaron que se encontraba un cuchillo, una cartera, una licencia de manejo, una credencial de elector y una tarjeta de débito.
Pese a contar con identificaciones y a que Juan V. sabía los teléfonos de su casa, jamás se notificó a sus familiares de la detención, sino hasta que estaba en el Servicio Médico Forense, en el ataúd, mismo que no les permitían abrir con el argumento de que habían pasado 3 días del fallecimiento y de que le habían puesto un líquido “peligroso”.
Ingresa a: Retoman exportación de aguacate a Estados Unidos
Las irregularidades
Entre las irregularidades del caso destacan violaciones al Protocolo de Barandilla, se informó que Juan V. se encontraba “inusualmente alterado” pero no existió un certificado médico al respecto porque ningún médico estaba presente.
Se informó que Juan V. fue ingresado a la celda número 1 pero el levantamiento del cuerpo se reportó en la celda 2; además, hay una discrepancia de 40 minutos entre la hora de la muerte reportada por el Servicio Médico Forense y la hora a la que la autoridad responsable de barandilla informó haber encontrado el cadáver que, según contradicciones en peritajes, dejan ver que habría sido cambiado de posición.
El guardia de turno en la barandilla de Apatzingán, el 18 de diciembre, dijo en el interrogatorio que esa noche Juan V. se encontraba agresivo, que se comportaba como bajo los efectos de alguna sustancia, que incluso se golpeaba a sí mismo contra los barrotes de la celda; que llamó al médico pero que éste no contestaba, y que en otro rondín encontró el cuerpo colgado del cuello atado con sus propias ropas a uno de los barrotes.
El 24 de diciembre de 2015 los familiares de Juan V. acudieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a interponer una queja; por hallarse involucrada la Policía Federal, la queja fue remitida a la CNDH, que halló responsables a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General y al Ayuntamiento de Apatzingán.
La verdad oficial
En el acta de defunción número 00007 el Registro Civil anotó como causa de la muerte de Juan V., “asfixia mecánica por ahorcamiento”. La entonces Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General de Michoacán inició en 2015 la averiguación previa, pero en 2017 se archivó “al no haberse acreditado los elementos del tipo penal de homicidio”.
En el oficio o 1087/2020 de 20 de agosto de 2020, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Apatzingán informó que no quedó registro de autoridades que ingresaron a la barandilla durante la detención, aunado a que se desconoce al médico que lo certificó, por lo que no presentó denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio Público.
Sin embargo, en octubre de 2018 personal de la CNDH, especializado en medicina forense, concluyó que “existieron diversas inconsistencias en las diligencias de investigación relacionadas con el deceso” de Juan V., a quien no se le tomó en custodia, no se le brindó la atención médica necesaria.
Un dudoso suicidio
La recomendación de la CNDH advierte que la entonces Policía Federal, ahora Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incumplió con su deber de garantizar la integridad del presunto infractor, y al señalar inconsistencias en la evidencia pericial pone en duda el suicidio.
“El peritaje no fue ratificado y del que no existe mayor explicación o detalle con relación a la mecánica de los hechos, a fin de verificar que efectivamente Juan V. contaba con la fuerza y el método necesario para privarse de la vida. No se hizo referencia a las características específicas de la ropa que supuestamente se colocó en el cuello y su correlación simétrica con las lesiones externas reportadas”, cuestiona la CNDH.
La CNDH también señala que la autoridad omitió describir si Juan V. presentó relajación de esfínteres, así como si a la apertura del cuello presentó desgarros vasculares o nerviosos, las características del hueso hioides y del cartílago cricoides; signos que se evidencian en personas que pierden la vida al pender del cuello.
Las negligencias de la FGE
La CNDH también cuestiona que la FGE no investigó e incumplió protocolos; no realizó la “fe de ropas”, dactiloscopía, huellas en las ropas, evidencia fotográfica para certificar el lugar de los hechos, mecánica de lesiones ni reconstrucción de hechos; no consideró pruebas que tenía a su alcance, no interrogó a otros servidores públicos involucrados y no abrió otras líneas de investigación.
“Se observa que no hubo mayor esfuerzo por parte de dicho agente del Ministerio Público para obtener 36/57 mayores evidencias y encausar de manera sólida alguna línea de investigación que la llevara a esclarecer la verdad de los hechos”, cita la CNDH en su recomendación 08/2022.
Pese a la gravedad del caso de Juan V., por las posibles violaciones a derechos humanos de que por acción y omisión se señala a la ahora Guardia Nacional, a la FGE de Michoacán y al ayuntamiento de Apatzingán, la recomendación de la CNDH no es vinculante, y solamente conmina a las autoridades responsables a capacitar a su personal en materia de normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
Ingresa a: Alto consumo de drogas en Michoacán ocasiona asesinatos: Bedolla