Un juez ordena al Ejército mexicano entregar informes de inteligencia sobre caso Ayotzinapa, buscando esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes.
Ciudad de México.-Un juez federal ha ordenado al Ejército mexicano entregar toda la información de inteligencia generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) de Iguala, Guerrero, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Las organizaciones civiles informaron que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México resolvió el 19 de febrero de 2026 el juicio de amparo 1350/2023. La Secretaría de la Defensa Nacional debe entregar todos los documentos elaborados por el CFRI y otras instancias militares de inteligencia de ese año.
El juez identificó una brecha de 853 folios que no han sido entregados, y ordenó facilitar el acceso a esta información para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad en el Caso Ayotzinapa.
La sentencia aclara que la falta de continuidad en los documentos no prueba su inexistencia, sino que indica que la información está en poder de las autoridades militares y debe ser divulgada.
La resolución responde a una demanda presentada en agosto de 2023 por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’. Denunciaron la omisión por parte de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia de 2014, incumpliendo un decreto presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las familias señalaron a la Defensa, especialmente a sus áreas de inteligencia, por ocultar documentos cuya existencia fue revelada en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI documentó haber accedido a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relacionadas con el seguimiento a los estudiantes durante y después de los eventos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos, evidenciando la falta de documentación y un posible ocultamiento por parte de las fuerzas armadas.
Ante la parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) y el estancamiento de la investigación, las familias recurrieron a la justicia federal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advirtió que los avances se ralentizaron por la falta de entrega de información por parte de la Defensa.
El fallo reconoce el derecho de las familias a la verdad y establece que la información no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés preponderante de las víctimas y la sociedad en conocer lo ocurrido.
En septiembre de 2023, un tribunal colegiado ya había ordenado al Ejército no destruir, depurar u ocultar información relacionada con el caso.
A más de once años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, el Caso Ayotzinapa sigue sin resolverse y las familias continúan con acciones legales en México e instancias internacionales para exigir acceso completo a la información que podría esclarecer el paradero de sus hijos.