El ejército mexicano, señales en favor de los derechos humanos

Recientemente los mexicanos fuimos testigos de un acto de tortura, humillación y trato inhumano cometido por miembros del Ejército en contra de una mujer en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. El suceso provocó una gran indignación nacional, al grado de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda, a nombre de la institución castrense, se vio obligado a pedir perdón a la sociedad por tan deplorables sucesos.

Este hecho supone el primer reconocimiento público por parte de las fuerzas castrenses en actos de tortura. Un suceso jamás antes visto que ocurre en un momento donde organismos nacionales e internacionales cuestionan el compromiso del Ejército con la protección de los derechos humanos. La disculpa, por consiguiente, representa un acto de humildad de las fuerzas castrenses, así como de compromiso con la justicia, la aplicación de la ley y el castigo a los culpables.

Basta recordar que la Procuraduría General de Justicia Militar, desde enero pasado, aprehendió a los militares involucrados en el video y actualmente enfrentan su proceso en prisión. En ese sentido, es importante señalar que los tribunales castrenses son reconocidos por su efectividad en la aplicación de la justicia; por ejemplo, 9 de cada 10 militares acusados por transgredir los derechos humanos u otros ilícitos son consignados. Una cifra elevada si consideramos que las autoridades civiles únicamente condenan a 1 de cada 10 personas sometidas a proceso judicial.

Lo anterior evidencia que no hay impunidad en la atención de los delitos cometidos por militares. La mayoría de los especialistas reconocen la modernidad de sus tribunales, que desde hace ya varios años instrumentan juicios orales y públicos, lo cual ha sido una garantía para que nadie escape de la justicia, aun cuando posean una investidura militar.

La disculpa del General Cienfuegos Zepeda es un acto sin precedente para México. Por un lado, se envía un mensaje claro a la población de que el Ejército no se tolerará la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o cualquier violación a las garantías individuales y, por el otro, que el actuar de los militares en las tareas de seguridad pública se ceñirá con base en los compromisos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país.

Si bien es cierto que el Ejército mexicano se ha visto involucrado en algunas violaciones a los derechos humanos, principalmente en el cumplimiento de sus tareas de seguridad pública, también debemos de reconocer que estos son casos aislados y no ponen en entredicho el papel fundamental que desarrolla para mantener la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional.

La pregunta se encuentra en el aire ¿México está preparado en este momento para prescindir del apoyo del Ejército en las tareas de seguridad? La respuesta es muy sencilla: no.

Mientras existan regiones convulsionadas por la violencia y avasalladas por el crimen organizado, difícilmente el Gobierno Federal y las autoridades de los estados dejarán de solicitar intervención. Hoy día, no podríamos entender la contención de la delincuencia y el narcotráfico en estados como Guerrero, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán, sin la valiosa intervención del Ejército.

El regreso de las fuerzas militares a sus cuarteles depende en gran medida de la fortaleza, eficiencia y confiabilidad de las policías municipales. Por desgracia, en la actualidad tenemos a muchos cuerpos del orden coludidos con los delincuentes y que son corruptas. Las cifras son desalentadoras, 7 de cada 10 municipios se encuentran infiltradas por el crimen organizado, que resta decir han conllevado a tragedias como las de Ayotzinapa.

Los mexicanos quizá debamos acostumbrarnos a ver que el Ejército sea un actor protagónico en la estrategia federal de seguridad pública. Sin embargo, lo que debemos exigir es que su actuación esté sujeta a los límites que impongan el Estado de Derecho, las libertades de los mexicanos y los protocolos establecidos por las convenciones internacionales.

El mensaje del Secretario de la Defensa Nacional por lo pronto ha sido claro: el compromiso del Ejército es con México y con la protección de los derechos humanos. Ahora corresponde que en cada una de sus acciones lo refrenden, pues de ello depende que las fuerzas armadas continúen siendo una de las instituciones más respetadas, admiradas y queridas por los mexicanos.