Como era de esperarse no despertó entusiasmo en la militancia tricolor que Enrique Ochoa Reza llegue a la presidencia nacional del PRI (existe un sentimiento que se perdió el camino después de las derrotas del pasado 5 de junio). Le ayudará ser joven y académico, aunque tales características son insuficientes, su discurso es acartonado y cierra las puertas a la democratización interna. El nombramiento lleva el mensaje implícito de la forma que será la selección del candidato presidencial de 2018. El objetivo del nuevo dirigente es eclipsar a Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN, que ha logrado incrustarse en el imaginario colectivo y lo consideran una posible solución a la corrupción. Sin embargo, el verdadero enemigo de los priístas son los malos resultados de la administración federal. Da la impresión que los neoliberales han pactado una transición adelantada con la intención de frenar al candidato de Morena,Andrés Manuel López Obrador quien continúa ascendiendo en las encuestas.
En este contexto, un amplio sector de priístas se sienten marginados, rechazan el dedazo y las formas tradicionales de elegir, desean un proceso interno donde participen todos los militantes. Impugnan a Ochoa Reza; lo acusan de no cumplir con los 10 años de militancia necesarios para ser dirigente, los inconformes procuran no enfrentarse con el presidente de la República, es una rebelión que podría convertirse en una fractura mayúscula que contribuiría a la derrota del PRI dentro de dos años.
A pesar del mal augurio, el gobierno federal ocupa su tiempo en dar una purga a algunos políticos que perdieron en junio del presente año. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua quienes no podrán anticiparse para su beneficio en materia de corrupción y tampoco nombrar funcionarios a modo. Los mandatarios no lograron blindar su salida, quedaron sin protección, deberán ser investigados por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. El PAN elogió a las autoridades y el PRD exigió al Jefe del Ejecutivo se permita una transición pacífica.
En tierras veracruzanas inició una batalla fratricida que estimulará que se desfonde uno de los bastiones más importantes del tricolor. Sin otra salida el mandatario Javier Duarte de Ochoa dio marcha atrás a su decisión de nombrar a un fiscal y tres magistrados anticorrupción. El ex candidato priísta a la gubernatura de Veracruz: Héctor Yunes Landa demandó la renuncia de Duarte de Ochoa, y llamó a la movilización de la población en un intento de provocar su caída. Los diputados locales del PRI y del Verde cerraron filas, no obstante, el Congreso de la entidad desechó el proyecto de reforma que permitiría la basificación de 24 mil trabajadores del Estado, y que implicaría el gasto de un millón 500 mil pesos en la nómina. El gobernador electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares echó más leña al fuego y también pidió que separen del cargo al mandatario.
Paralelamente, Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo negó haber promovido la creación de un sistema anticorrupción, igual suerte corrió César Horacio Duarte Jáquez, mandatario de Chihuahua quien tampoco podrá crear la Fiscalía Especializada Anticorrupción, antes de la publicación de las leyes generales en la materia.
Las fechorías de “los tres alegres compadres” exhiben lo peor de la clase política nacional que difícilmente reconquistará la credibilidad de un electorado francamente decepcionado y aburrido de su cinismo.