El pasado miércoles 18 de julio entró en vigor el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, un nuevo órgano institucional federal diseñado con el objetivo de -como su nombre lo señala-, combatir la corrupción en las distintas áreas de la esfera pública, tanto federal como de los estados.
Sin embargo aún hay serias dudas sobre la verdadera capacidad de este nuevo órgano federal para realizar su tarea principal, específicamente debido a la composición orgánica que tiene.
Por ejemplo, el comité coordinador, que es uno de los componentes más importantes del Sistema, únicamente tiene la facultad de hacer observaciones y hacer recomendaciones no vinculantes a los diferentes organismos públicos donde se observen casos de corrupción o faltas administrativas, esto significa que en todo caso tales organismos no tendrían la obligación de obedecer la resolución que emita el Comité Coordinador, lo cual a su vez podría entorpecer las correcciones que deberían hacer en los actos administrativos señalados.
Otro ejemplo se refiere a la propia composición del Comité Coordinador, ya que tal elemento estará conformado por siete miembros, de los cuales seis ya ostentan el cargo de funcionarios de gobierno, y dentro de estos el secretario de la función pública es funcionario que opera directamente en el equipo del gabinete presidencial y que desde luego están muy próximos a la figura del ejecutivo lo cual pone en duda su imparcialidad en el Comité, mientras que las figuras del Titular de la Auditoria Superior de la Federación y el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción aunque no están directamente vinculados al ejecutivo federal, son también funcionarios nombrados por el congreso federal, lo cual también puede poner en duda la actuación de esos funcionarios debido a la falta de contrapesos efectivos que a veces llega a presentarse en el legislativo federal.
Por ende, estas dos situaciones provocan serias dudas sobre el funcionamiento de este nuevo organismo federal.
La corrupción siempre ha sido un tema recurrente en la política mexicana, sin embargo no se ha propuesto una solución efectiva para solucionar este problema que lleva aquejando a la población de México por décadas. La idea de un sistema encargado de combatirla es muy tentadora, pero si la misma autoridad que crea tal sistema no lo estructura de una forma adecuada, las intenciones del combate a la corrupción se quedarán solo en eso, simples intenciones.
Ojalá las distintas figuras políticas que aspiran al ejercicio de poder en 2018 pongan mucha atención a estas circunstancias que pueden debilitar la lucha contra la corrupción por parte del estado mexicano, ya que de lo contrario se correrá el riesgo de invertir muchos recursos obteniendo magros resultados.