Desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en México en el Plan Nacional de Desarrollo

El insostenible terrorismo de género y la violencia institucional

A Valentina por su ejemplo de valor, amor y dignidad

El reciente caso de violación cometido por cuatro policías preventivos en la ciudad de México a una joven de 17 años no ha estremecido tanto a la sociedad mexicana como la protesta ciudadana contra la violencia sexual llevada a cabo mayoritariamente por mujeres, quienes lanzaron pintura en polvo al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, rompieron la puerta de la PGJ y realizaron pintas en el inmueble.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum designó reiterada y “categóricamente” la protesta como “provocación” y aseguró que la procuraduría ha abierto carpetas de investigación con el fin de “hacer las investigaciones conducentes”. Los hechos que motivaron las protestas fueron, además de la violación cometida a pocas cuadras de la casa de la víctima, la filtración de datos de la menor y posterior liberación de los acusados (quienes continúan en funciones) bajo el argumento de falta de continuidad en el trámite de la denuncia, que fue detenida como consecuencia del temor y desconfianza en las autoridades, a raíz de las filtraciones.

La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, declaró que no se ha podido integrar la carpeta de investigación y por ello los presuntos delincuentes podría regresar a sus cargos. “Si no existe imputación, no existe razón alguna para que sean separados de la dependencia”, afirmó; como si la violencia sexual por parte de agentes gubernamentales fuera equivalente a delitos cometidos entre particulares.

Las funcionarias ignoran con sus dichos la responsabilidad directa que les corresponde en materia de Derechos Humanos y muestra su profunda ignorancia de los compromisos de México a nivel internacional. En las observaciones finales sobre el informe periódico de México ante la CEDAW, en vista de que los delitos de violencia contra las mujeres “a menudo son perpetrados por agentes estatales”, se recomienda reiteradamente (actualizando una recomendación previa) “como cuestión prioritaria” que se “investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales”.

La diligencia y la actitud oficiosa en el caso de las protestas, contrasta de manera alarmante con la postura oficial de indiferencia y aparente complicidad con actos de violencia y tortura cometidos por agentes gubernamentales; lo que puede ser interpretado legítimamente como terrorismo de género y violencia institucional en contra de las mujeres, que podrían ser englobadas en la definición de Terrorismo de Estado.

Después de más de seis décadas en que las mujeres se propusieran luchar y trabajar intensamente desde el plano teórico y político para lograr ser reconocidas en su valor humano y respetada su dignidad, las condiciones de vida para ellas se han recrudecido dramáticamente. Las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas llega a grados inimaginables de sadismo y crueldad, sin que estas puedan contar con la mínima garantía de seguridad ciudadana.

Los recurrentes casos de agresiones sexuales: acoso, violaciones tumultuarias, exhibiciones cibernéticas, asesinatos frecuentes (alrededor de 10 diarios) tanto en el espacio público como en el privado, y otras degradaciones a las que se ven sometidas cotidianamente las hijas y las nietas de aquellas feministas de la segunda ola son tan insólitas como los cambios, sólo aparentes, ocurridos en todos estos años. A diferencia de sus madres y abuelas, quienes tuvieron que soportar un orden ideológico autoritario, represor de sus derechos y de su sexualidad, las jóvenes generaciones de mujeres del siglo XXI, nacidas en un contexto de avances significativos en el orden jurídico de derechos humanos a nivel internacional, han tenido que ir comprendiendo la injusta condición de ciudadanas de segunda con la que los gobiernos las siguen concibiendo.

Habiendo recibido una formación de madres ejemplares que se han adaptado a las nuevas funciones de cuidado y —en más del 30 % de los hogares mexicanos como jefas de familia— también con su manutención, a lo largo del proceso de su inserción social han constatado que —aunque cumplan ineludiblemente sus obligaciones ciudadanas (civiles, fiscales, electorales, etc.) y se esfuercen cotidianamente por aportar al mundo que aspiran a transformar, con inteligencia y creatividad— no alcanzan todavía la condición de sujetos plenos de derecho. En el proceso de crecimiento y consolidación de su identidad, las jóvenes no se conciben atadas a los límites morales, políticos ni teóricos que las ciudadanas de generaciones anteriores tuvieron que tolerar. Su presencia es admirable en campos como el deporte, la ciencia, el arte, etc. No obstante, el mundo masculino parece haberse detenido en una anacrónica idea de sí mismo que no permite avanzar.

Los jóvenes varones comparten con los viejos la mayoría de los criterios con que fueron educados sus propios padres y hasta sus abuelos. Sin haberse enterado de los cambios democráticos del mundo, las prácticas, las ideas y los valores de muchos jóvenes son casi idénticos a la idea de un poder omnímodo, violento y autoritario que convierte al mundo en un infierno intolerable para las mujeres. Si bien la violencia sexual fue el arma predilecta de luchas fraticidas durante toda la historia de la humanidad, el recurso de la violación y la tortura sexual se reservaba para momentos límite de sus cruentas batallas. En tanto avanza el siglo XXI, y a pesar de los supuestos avances jurídicos que intentan garantizar la seguridad de las mujeres, la misoginia creciente es capaz de ahogar cualquier intento de participación de ellas en un plano de igualdad.

Es necesario apoyar con firmeza la indignación de las jóvenes por los sucesos ocurridos. Sus luchas son aún las nuestras. La impunidad no cabe en estos casos donde debería darse una sanción ejemplar. No las dejemos solas. Es momento de pasar de la estrategia de capacitaciones ineficientes a la depuración de cuerpos policiacos y de seguridad. Si aspiramos a un verdadero cambio que penetre las raíces culturales de la vida en común, ha llegado el momento de hacer que las autoridades entiendan que la dignidad humana, la vida y la integridad de las mujeres y las niñas no es un asunto menor.

Rubí de María Gómez Campos