El estado de Michoacán empieza a experimentar una nueva crisis de inseguridad. Por un lado, diversos grupos delincuenciales de manera descarada desafían a las instituciones y fomentan la violencia en algunos municipios de la entidad. Por el otro, el gobierno de Silvano Aureoles Conejo ha sido incapaz de detener los ilícitos que más dañan a la sociedad.
Las cifras no mienten. De acuerdo con el Semáforo Delictivo Nacional, durante el primer trimestre del 2016, la entidad se ubicó como el octavo lugar a nivel nacional con el mayor número de homicidios dolosos; la segunda con más ejecuciones ligadas al crimen organizado; y la décimo segunda con el mayor porcentaje de robos de automóviles con violencia.
Por si fuera poco, Michoacán se coloca como el décimo octavo estado con el mayor número de extorsiones. Sin embargo, esta cifra es conservadora si consideramos que este delito es poco denunciado por el temor de la ciudadanía las represalias.
Lamentablemente la Procuraduría General de la República, al mes de marzo del presente año, aún detectaba la presencia y reorganización de algunas células del crimen organizado en los municipios que componen la Tierra Caliente. Dichas células son las mismas que siguen cometiendo delitos contra la salud y otros ilícitos de alto impacto para la sociedad.
En ese sentido, hemos sido testigos de hechos delictivos que han puesto en entredicho la gobernabilidad y la institucionalidad en algunas regiones. Así lo demuestran la quema de vehículos, los enfrentamientos, los narcobloqueos e incluso los asesinatos ligados al crimen organizado, que se han presentado en las últimas semanas en Apatzingán, Parácuaro, Sahuayo, Uruapan y Zamora.
Es preocupante que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo minimice estos sucesos de violencia o insista en decirnos que la inseguridad ya no se encuentra en el mapa de Michoacán; más aún, cuando observamos que se están prendiendo algunos focos rojos.
Para construir un estado con seguridad y tranquilidad es necesario que la administración del Gobernador Silvano Aureoles deje atrás las simulaciones, es decir, que acepte la violencia aún persistente en la entidad. De lo contrario, será un problema que en corto plazo lo rebasará y con ello echará a perder todo lo bueno logrado por la entonces Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, la cual hay que recordar fue creada por el Presidente Peña Nieto para normalizar un estado convulsionado y secuestrado por la violencia.
Peor aún, de no aceptarse esta realidad el gobernador corre el riesgo de caer en la inacción o instrumentar las políticas incorrectas, lo cual será una bomba de tiempo para lograr que todas las promesas hechas a los michoacanos de regresar la paz, la tranquilidad y el desarrollo se disuelvan, queden en el olvido y se conviertan en una anécdota más.