En medio de las múltiples irregularidades administrativas que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado en los pasados gobiernos michoacanos, el Poder Legislativo anunció este lunes que a finales de 2017 quedará planchado el Sistema Estatal Anticorrupción que busca prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Fue el diputado emanado del Partido Revolucionario (PRI), Mario Armando Mendoza, quien dio a conocer que el proyecto de iniciativa ya fue presentado ante los diferentes grupos parlamentarios y comisiones que operan desde el seno del Congreso local.
Un año de atraso en torno a la aplicación de este sistema fue reconocido por el legislador, en su posición como presidente del grupo plural que da seguimiento al Sistema Estatal Anticorrupción, pues recalcó que sin importar que ya exista una base en el Sistema Nacional Anticorrupción, no se ha podido encaminar este plan de transparencia.
Al presentar la iniciativa que deberá desmenuzarse por el Congreso del Estado, subrayó que ésta se encuentra conformada por tres apartados: el diseño del Comité Coordinador; la conformación del Comité de Participación Ciudadana y la definición de quién estará a cargo del Sistema de Fiscalización en el Estado.
El legislador priista detalló que el documento conformado por 52 artículos que se entregó a comisiones, contempla también la posible armonización o modificación de por lo menos 18 artículos, lo cual se deberá dialogar y consensuar entre las diferentes líneas políticas que operan desde el Legislativo.
De acuerdo con sus proyecciones, se espera que la iniciativa se encuentre cocinada y aprobada sobre el mes de julio, para la posterior conformación del Consejo Ciudadano que se encargará de poner en la mira a todo funcionario que incida en faltas administrativas.
Resolvería Sistema Estatal Anticorrupción crisis que vive la clase política
Durante la presentación de la iniciativa, la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Adriana Hernández Iñiguez resaltó que al echar a andar un Sistema Estatal Anticorrupción, se podría generar un escenario propicio para que la desgastada clase política recupere la credibilidad ciudadana.
Por ello, llamó a que la 73 Legislatura se sume sin distinciones políticas, para trabajar en un proyecto de ley que pueda garantizar la ejecución de sanciones sobre cualquier servidor público que incida en actos de corruptela.
Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva, Pascual Sígala Páez denotó confianza en que el Legislativo podrá sacar a flote el Sistema Estatal Anticorrupción sobre el año en curso, para su posible implementación a principios de 2018.