Congreso Jucopo Reyes Galindo
Foto: Contramuro

En Congreso “Pleno mata Comisión inspectora y Jucopo”: Reyes Galindo

Morelia, Mich.- En el Congreso del Estado “Pleno mata Comisión Inspectora y Junta de Coordinación Política (JUCOPO)”, sostiene el líder de la bancada petista Reyes Galindo Pedraza al posicionarse en torno a la contratación de despachos realizada por la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán.

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Luego de que el martes en rueda de prensa, cuatro de los cinco integrantes de la Comisión Inspectora acusaron a la titular de la Unidad, Vanessa López Carrillo de haber contratado de manera irregular –por no tener personalidad jurídica para ello- a tres despachos que deberán auditar a la Auditoría Superior de Michoacán, Reyes Galindo cuestionó la postura asumida por los legisladores.

En la referida rueda de prensa se anunció también la realización de un proceso de licitación para la contratación de despachos que realicen el trabajo, desconociendo así, los contratos signados por Vanessa López.

Este escándalo y disputa al interior del Congreso por ver quién define los despachos, se origina por el decreto 377 sobre la fiscalización a la Cuenta Pública Estatal 2022, aprobado por la Cámara.

En el primer párrafo del artículo sexto del referido decreto se establece a la letra: “A través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se instruye a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora para que, en uso de sus atribuciones, contrate auditores externos y asesores jurídicos a efecto de que lleve a cabo respectivamente lo que se indica a continuación…”, y posteriormente se enlistan seis auditorías a realizar: dos de complimiento, dos de desempeño y dos financieras.

La Unidad realizó el proceso para la contratación de tres despachos por un monto superior a los 16 millones de pesos, tal situación generó la inconformidad de los integrantes de la Comisión. En las versiones “fuera de grabación”, legisladores locales sostienen que el problema de fondo se trata de la disputa por el negocio para la contratación de despachos,
En el decreto 377 se dio un plazo de 30 días a partir de su publicación (el 22 de mayo) a la Unidad de Evaluación para “que realice la selección y contratación de auditores externos que practicarán las diferentes auditorías”. Al concluirse dicho plazo debía informar al Pleno “sobre el cumplimiento de la contratación de los auditores externos y de los asesores jurídicos”.

Cabe apuntar que en la lógica de distribución de espacios al interior de la Cámara, el Partido del Trabajo llevó mano para la definición de la titular de la Unidad de Evaluación y Control que hoy es foco de la polémica.

Reyes Galindo, subraya que la orden expresa para la contratación de los despachos fue a la Unidad, y la Comisión Inspectora era sólo el conducto de comunicación.

“De parte de algunos compañeros existe una interpretación excesiva”, sostiene, y recalca que el Pleno es la máxima autoridad del Congreso, por lo que “Pleno mara Comisión Inspectora y mata Jucopo”.

Apunta que la Unidad cumplió en tiempo con las contrataciones que le mandató el Pleno, y envió los oficios de notificación respectivos a la Mesa Directiva para así, informar tal y como le fue mandatado.

La inconformidad por la contratación de despachos derivó en que la Comisión Inspectora solicitara a la Junta de Coordinación Política una prórroga de 15 días de plazo para realizar el procedimiento. La solicitud fue avalada por mayoría en la Jucopo pese a que se trataba de un decreto aprobado por el Pleno, por lo que éste debía ser quien aprobara dicha prórroga.

Al respecto Reyes Galindo refiere que él insistió que el tema de la prórroga fuera turnado a Pleno, pero fue la mayoría de la Junta que en votos se impuso, y decidió otorgarla.

El petista apunta que si el argumento de la Comisión Inspectora es que correspondía a ellos encabezar el proceso para la contratación de los despachos, no cumplieron con su obligación pues el plazo corrió sin que ellos trabajaran al respecto.

“Ellos ahora sugieren una licitación pública nacional, me parece que hay que poner límites a la actuación de algunos actores políticos, se supone que este proceso era para aclarar si había actos de corrupción dentro del órgano fiscalizador, y es grave que el proceso para hacerlo empiece a antojarse corrupto”.

Refiere que más allá de los dichos de los integrantes de la Comisión en la rueda de prensa, él como integrante de la Jucopo no tiene conocimiento de ningún oficio en el que informen sobre la ruta que pretenden arrancar.

“Ellos dicen que todas las fuerzas están representadas dentro de la Comisión y eso es una falacia, nuestros hermanitos de Morena tienen ahí dos posiciones y el PT ninguna, pese a que en reiteradas ocasiones hemos planteado la necesidad de reconfiguración de algunos espacios”.

Desde la perspectiva de Reyes Galindo, si lo que se quiere es una licitación ésta debe llevarse al Pleno del Congreso, y consideró que para mayor transparencia sea la presidencia de la Cámara la que lleve el procedimiento y no la Comisión Inspectora.

“Lamento mucho que el tema se esté ensuciando tanto, creo que en la Junta debemos ser convocados y que se nos haga llegar toda la información y documentos sobre este asunto. También es necesario que seamos llamados a Pleno para tomar una decisión”.

Por lo que toca a las declaraciones de la diputada Seyra Aleman, acerca de que la Contraloría Interna del Congreso deberá entrar a revisión de la actuación de Vanessa López, el petista calificó de “absurdo” su dicho, “no veo cómo o porqué pudiera tener materia la Contraloría en esto, la titular cumplió con el mandato del Pleno e informó sobre ello”.

Asimismo cuestionado sobre lo declarado por Seyra Aleman acerca de que Vanessa López deberá pagar en lo personal los tres millones de pesos de las penalizaciones por incumplimiento de los contratos que firmó, Reyes Galindo aseguró que dichos contratos están vigentes y no han sido cancelados.

“Debemos revisar el estatus jurídico, pero hasta ahorita de la Comisión Inspectora sólo hay dichos, no hay documentos al respecto sobe un procedimiento distinto al que ya se realizó”.

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Patricia Monreal ejerce el periodismo desde 1996 en Michoacán, México. Ha laborado y colaborado en diferentes medios nacionales y locales, así como en proyectos independientes tanto en investigación, como reportera, editora, columnista, caricaturista...