El reclutamiento infantil, se encuentra en la mira del Congreso de Michoacán, ello debido al incremento de la problemática sobre la cual, no existen estadísticas oficiales
Morelia, Michoacán.- En el Congreso del Estado de Michoacán se encuentra en la mira el reclutamiento infantil, sobre el cual ya fue presentada una iniciativa buscando combatirlo, ello a través del incremento de penas a quien lo propicie.
El asunto no es menor tomando en cuenta la manera en que el fenómeno ha ido en ascenso, pese a ello, no existen estadísticas oficiales que permitan conocer el panorama puntual sobre la problemática.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), implementó una metodología para poder acercarse estadísticamente al fenómeno, tomó los datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2021-2024 del INEGI, para ubicar a las personas menores de edad que fueron privadas de su libertad, considerándolas probables víctimas de reclutamiento por agrupaciones delictivas.
Bajo ese parámetro, los datos de la REDIM evidencian en el caso de Michoacán que entre 2010 y 2024, por cada cien personas imputadas que estaban detenidas, 3.9 eran adolescentes.
En el Congreso del Estado, la iniciativa para castigar con mayor penalidad a los reclutadores de menores, fue presentada en diciembre pasado por el priista Guillermo Valencia Reyes, quien alude a los menores víctimas de reclutamiento como “pollitos de colores”.
El planteamiento que hace es un incremento a la pena de prisión prevista hasta en una mitad de la sanción ya establecida y una multa hasta en dos terceras partes, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por los delitos que se cometan con la intervención de la persona menor de edad.
De manera específica plantea que el Código Penal de Estado establezca dicha pena, cuando se adiestre, instruya o utilice a la persona menor de edad como informante, vigilante, mensajero, transportista, custodio de casas de seguridad, portador de armas, drogas, estupefacientes o psicotrópicos, o se le destine a participar en secuestros, privaciones de la libertad, homicidios, extorsiones o en cualquier otro delito que entrañe un alto riesgo para la vida, integridad o libertad de las personas.
Asimismo aplicará cuando para asegurar su sometimiento o permanencia en la organización delictuosa, se le suministren drogas o bebidas embriagantes, se le haga dependiente de éstas, o se le someta a violencia física, psicológica, sexual, amenazas o actos de tortura en su contra o en contra de su familia.
Y finalmente prevé que la pena aplique cuando la conducta se realice de manera reiterada, respecto de dos o más personas menores de edad, o aprovechando una relación de autoridad, confianza o subordinación derivada de la patria potestad, tutela, guarda y custodia, relación docente, laboral, religiosa, comunitaria o de cualquier otra índole.
Tras ser presentada, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, en donde se prevé su análisis y dictaminación.