Un monto pendiente de aclarar por 133.3 millones de pesos, es el detectando por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de los recursos ejercidos en tres fondos federales durante el 2021 en Michoacán.
La revisión de la Auditoría es de carácter preliminar, se trata de una primera entrega a la fiscalización que está realizando a la Cuenta Pública Federal 2021. Ayer viernes, presentó la primera entrega de los trabajos.
En el caso de Michoacán, entrega informes a la fiscalización que realizó a los recursos de los fondos federales de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, de Aportaciones Múltiples, y para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
En total, de esos tres fondos el órgano fiscalizador determinó recursos por un total de 133 millones 373 mil 323.74 pesos.
El Fondo que menos recursos tiene pendientes de ser aclarados, es el de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Ahí son dos millones 204 mil 831.31 pesos debido a que no se presentó evidencia de la prestación del servicio de vigilancia contratado; asimismo, no se proporcionó evidencia de los procesos de licitación, de los contratos formalizados de los centros de trabajo Zacapu y Morelia ni de las fianzas de cumplimiento por los servicios de vigilancia.
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Por lo que respecta al Fondo de Aportaciones Múltiples, ahí falta aclarar qué ocurrió con 66 millones 425 mil 726.58 pesos.
Ahí la Auditoría señala que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo infringió la normativa y sus obligaciones de transparencia, y en particular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, apunta que careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Sobre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el probable quebranto a la hacienda pública es de 64 millones 742 mil 765.85 pesos ya que el Gobierno del Estado infringió la normativa del fondo, principalmente en materia de transferencia de recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, del Convenio de Coordinación.