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Zamora, Michoacán, a 16 de enero de 2020.- En seguimiento a los trabajos que se llevan a cabo para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), continúa con el mejoramiento de las áreas de internamiento, a fin de garantizar un espacio digno para quienes están detenidos, en espera de que se les resuelva su situación jurídica.

Personal de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, encabezados por su titular, Rosario Berber Cerda, y acompañados por el Fiscal Regional de Zamora, Mario Gerardo Pinedo Infante, realizó un recorrido en las áreas de internamiento de dicha Fiscalía Regional, con el objetivo de verificar las condiciones y necesidades de dichas áreas, y emprender acciones para su mejoramiento.

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Lo anterior, en atención a los pronunciamientos emitidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a su informe especial 1/2019, sobre los lugares de privación de la libertad que dependen de la Fiscalía General de la República, Procuradurías y Fiscalías Generales de los Estados, y de la Ciudad de México.

Como parte de esta actividad, la institución que encabeza el Fiscal General, Adrián López Solís, llevará a cabo recorridos por las distintas áreas de internamiento de la institución al interior de la entidad, a fin de garantizar que las personas que se encuentran privadas de su libertad, sean ingresadas en lugares dignos y evitar cualquier violación a sus derechos humanos.

En dicha actividad estuvieron presentes, el Fiscal Especializado Para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Moisés Jiménez Hipólito; el encargado de la Unidad de Control de Internamiento de la FGE, Juan José Tinajero Rico, y Marcela Verónica Chávez Hernández, Directora de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la FGE.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, y entre sus funciones están las de prevenir actos que atenten contra la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad; promover el respeto de la legalidad; impulsar el mejoramiento de las condiciones de alojamiento y alimentación digna; y proteger la satisfacción de las necesidades de las personas con requerimientos específicos en lugares de detención.