La Fiscalía de EUA formaliza cargos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa por colaborar con “Los Chapitos” y el tráfico de fentanilo
Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció la apertura de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y un grupo de nueve funcionarios y excolaboradores de alto nivel.
Se les acusa de haber transformado las instituciones del estado en una extensión operativa del Cártel de Sinaloa, específicamente bajo las órdenes de la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”.
Los hechos se registraron mediante un comunicado conjunto del Fiscal Federal Jay Clayton y el Administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance C. Cole. La investigación sostiene que los acusados conspiraron para importar masivamente fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína hacia la Unión Americana, utilizando su autoridad política para blindar las operaciones criminales a cambio de millonarios sobornos.
La red de complicidad en el gabinete estatal
La movilización policial y judicial en territorio estadounidense ha puesto la mira no solo en el titular del Ejecutivo sinaloense, sino en piezas clave de su administración. Entre los señalados figuran Enrique Inzunza Cázarez, actual Senador y exsecretario General de Gobierno; Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán; y Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Según el pliego acusatorio, esta red de funcionarios habría operado de manera coordinada para garantizar que el Cártel de Sinaloa mantuviera su hegemonía. Se alega que proporcionaron información confidencial sobre operativos militares y policiales, permitieron el libre tránsito de cargamentos de droga y utilizaron a las fuerzas de seguridad locales para custodiar almacenes y rutas hacia la frontera norte.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, declaró tajante el fiscal Jay Clayton.
Uno de los puntos más polémicos del documento judicial refiere al proceso electoral de 2021. Los primeros reportes de la Fiscalía estadounidense indican que Rubén Rocha Moya habría contado con el apoyo directo de “Los Chapitos” para alcanzar la gubernatura. Se detalla que la organización criminal operó mediante el secuestro e intimidación de rivales políticos para despejar el camino del hoy gobernador.
A cambio de este respaldo, Rocha Moya supuestamente sostuvo reuniones antes y después de asumir el cargo con líderes de la organización, comprometiéndose a brindar protección estatal. La acusación resalta que, bajo su mandato, el estado se consolidó como el “epicentro geográfico del narcotráfico mundial”, colaborando con redes criminales de Colombia, Venezuela y fabricantes de precursores químicos en China.
La gravedad de la acusación aumenta con la inclusión de delitos de sangre. Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos por el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta en octubre de 2023. Según las investigaciones, Millán recibía pagos mensuales de los hijos del “Chapo” para utilizar a la fuerza policial en labores de tortura y eliminación de enemigos del cártel.
Asimismo, se señala a Dámaso Castro Zaavedra, desde su posición en la Fiscalía del Estado, de recibir aproximadamente 11,000 dólares mensuales para frenar órdenes de aprehensión y alertar sobre movimientos de las autoridades federales apoyados por agencias estadounidenses.
El caso ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Los delitos que enfrentan los implicados son de la máxima gravedad bajo el código penal de los Estados Unidos. Los cargos principales incluyen:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Secuestro con resultado de muerte (en casos específicos como el de Valenzuela Millán).
Las penas establecidas por el Congreso estadounidense para estos delitos oscilan entre un mínimo obligatorio de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Para consultar la lista completa de los acusados y el detalle técnico de la acusación, los interesados pueden acceder al portal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Hasta el momento, las autoridades creen que todos los acusados se encuentran en México, por lo que se espera que en las próximas horas se emitan las solicitudes formales de extradición a través de los canales diplomáticos correspondientes.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al Cártel de Sinaloa como una “organización terrorista designada” que ha causado graves daños a las comunidades estadounidenses. Subrayó que esta acusación es parte de una estrategia agresiva que, desde 2023, ha llevado ante la justicia a más de 30 miembros de la cúpula del cártel.
“Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios que eligen la integridad a diario”, concluyó Cole, enviando un mensaje directo a las instituciones mexicanas que aún colaboran en la lucha contra el crimen organizado transnacional.