Morelia, Michoacán.- Los ex funcionarios identificados con documentos de supuesta propiedad de predios en la Isla de La Palma, municipio de Lázaro Cárdenas, son ex servidores públicos menores de las administraciones que encabezaron Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, reveló el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Antonio Soto Sánchez.
El funcionario estatal aclaró en entrevista que los litigios con los ejidatarios sobre la propiedad de los terrenos en la Isla de La Palma, no es factor que impida la desincorporación del polígono 1 que abarca 648 hectáreas, para ser otorgadas en propiedad al gobierno federal.
En torno al asunto de los exfuncionarios con documentación que aducen propiedad de terrenos de la isla, soto Sánchez detalló, “hay algunos otros de funcionarios menores que dieron documentos que no tienen ninguna validez. Son desde la administración de Leonel y de la administración de Fausto y de Reyna, de las dos administraciones pasadas”.
En cuanto al tema de los litigios con los ejidatarios, explicó, “no tiene que ver nada la desincorporación del Congreso del Estado con los litigios agrarios que se tengan con algún ejido; los litigios siguen su propio curso en los tribunales, y el congreso simplemente desincorpora un terreno que es propiedad del estado, porque el que tiene la escritura es el gobierno de Michoacán”.
Y añadió, “nosotros podemos desincorporar, entregarle a la federación y que continúen los litigios, son 6 litigios, en los tribunales que por cierto están en Zihuatanejo, son agrarios federales”.
Soto Sánchez incluso explicó que los ex funcionarios que presenten documentos sin la firma legal que avale la propiedad, por parte del Comité Técnico del Fideicomiso 406 que el titular de Sedeco encabeza, son documentos apócrifos, e incluso podrían desencadenar sanciones administrativas o denuncias penales.
“Si algún funcionario, de manera ilegal entregó documentación sin tener el poder de la firma legal de hacerlo y avalado por el Comité Técnico del Fideicomiso 406, es documentos apócrifos que no tienen ninguna validez e incluso pueden proceder legalmente aquellos supuestos beneficiarios que recibieron documentos falsos; pueden proceder penalmente en contra de ellos. El gobierno del estado está revisando con la Contraloría, todos esos expedientes, para que, si ha lugar a fincar responsabilidades o hacer denuncias de carácter administrativo o penal, lo vamos a hacer, estamos en ese análisis”, dijo.
El titular de Sedeco incluso detalló que el “portero” del lugar otorgó permisos para que varias personas llegaran a instalarse en el sitio, pues expresó, “nos han mostrado algunos documentos que les entregaron; hay quienes nos muestran, ‘es que el que estaba de residente en la entrada principal de la Isla de la Palma me entrego este documento donde yo me podía instalar’, pues es el portero de ahí, qué validez puede tener un documento de esa naturaleza”.
VER: Justifica Antonio Soto desincoporación de Isla de la Palma
Señaló que de las 18 empresas que se habían instalado en el sitio, solo dos comprobaron propiedad, Cocos Plus y Merks, quienes poseen 12 hectáreas, mientras que del resto, explicó, “de ahí en fuera ninguna otra empresa estaba dentro, de manera legal, por eso fueron expulsadas, y les hemos permitido que saquen sus materiales, que saquen sus equipos, que saquen sus maquinarias, si alguien construyo algo ahí, no tenía derecho a construir en un terreno que no era de su propiedad”.