La FGE Michoacán no investigó a los policías de Ecuandureo por nexos con el CJNG, solo por posesión de metanfetamina, según un exjuez.
Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) Michoacán, no integró una carpeta de investigación contra los 11 policías de Ecuandureo por presuntos vínculos con el crimen organizado, sino únicamente por el delito de “contra la salud de narcomenudeo en la modalidad de posesión simple de metanfetamina”, aseguró el exjuez de Control y Enjuiciamiento de la región Zamora, Francisco Javier Loaiza, quien informó que fue separado temporalmente de su cargo.
A través de una publicación en redes sociales, Francisco Javier Loaiza sostuvo que los elementos fueron vinculados a proceso por un juez distinto y que, posteriormente, le correspondió resolver la solicitud de suspensión condicional del proceso penal.
“Me tocó resolver una suspensión condicional del proceso de once policías detenidos en Ecuandureo, Michoacán, estos fueron vinculados a proceso por juez diverso solo por delito contra la salud de narcomenudeo en la modalidad de posesión simple de metanfetamina”, señaló.
El exjuez explicó que, tras revisar el caso y verificar que se cumplían los requisitos legales, autorizó la suspensión condicional del proceso e impuso medidas como visitas periódicas y trabajo comunitario.
También afirmó que durante la audiencia la representación social no se opuso a la medida cautelar, pues detalló:
“El agente del Ministerio Público dijo NO TENER OPOSICIÓN (sic), solo que no había verificado los domicilios pero esa responsabilidad justamente era de la fiscalía y no era motivo para que estas personas siguieran privados de la libertad”, expresó.
Relató que la controversia surgió después de que se planteara al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, una pregunta en la que se señalaba que los policías estaban relacionados con delincuencia organizada, nexos con el CJNG y otros delitos.
“Lo curioso es que estas personas como ya les comparto, no estaban vinculadas por esos delitos que dijo la periodista sino solo por el de posesión simple”, afirmó.
Francisco Javier Loaiza aseguró que a raíz de las declaraciones públicas sobre el caso se inició un procedimiento en su contra y fue separado del cargo mientras se desarrolla la investigación administrativa.
Asimismo, sostuvo que los beneficiarios de la suspensión condicional cumplían con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial.
“Las personas que se acogieron a la suspensión condicional del proceso, estaban cumpliendo sin problema las condiciones impuestas y se estaban presentado a firmar”, concluyó.