El desfalco al Fondo de Pensiones Civiles de Michoacán repercute en los trabajadores con aumentos salariales forzados y pensiones reducidas, generando amparos masivos
Morelia, Michoacán.- El Fondo de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán enfrenta una de sus peores crisis financieras, producto de malos manejos e irregularidades en su administración pública, situación que ha generado un daño directo al patrimonio de miles de trabajadores estatales.
De acuerdo con el abogado Erick López Villaseñor, representante de cerca de 600 empleados de la educación, el Poder Judicial y afiliados al STASPE, el quebranto obligó al gobierno estatal a modificar la Ley de Pensiones Civiles en 2015, mediante una reforma publicada el 25 de agosto en el Periódico Oficial.
Dicha reforma estableció un aumento desproporcionado en las aportaciones obligatorias de los trabajadores: del 5.5% originalmente descontado de su salario base, la cifra se elevó al 11%. Este ajuste significó un incremento del 100% en la retención salarial para recapitalizar al organismo, trasladando así la carga económica a los empleados.
Además, los cambios legales redujeron el esquema de jubilación. Antes de la modificación, los trabajadores podían retirarse con el 100% de su último sueldo base; ahora, su pensión se calcula con el promedio de los últimos tres años, lo que disminuye significativamente sus prestaciones.
López Villaseñor subrayó que, aunque aún no se especifica el monto total del desfalco, se habla de “muchos millones de pesos”, y en lugar de responsabilizar a quienes malversaron los recursos, el Estado optó por imponer más descuentos al salario de los burócratas.
Por esta razón, trabajadores de diversos sectores estatales interpusieron el pasado 8 de febrero un Amparo Masivo ante los Juzgados de Distrito en Morelia y Uruapan, buscando frenar los efectos del primer acto de aplicación de la reforma.
El abogado destacó que, para quienes no alcanzaron a presentar el recurso por el limitado plazo, el equipo jurídico analiza nuevas rutas legales que permitan a los empleados del Estado defender sus derechos laborales y de seguridad social frente a lo que consideran una medida injusta.