A ocho meses de que el presidente, Alfonso Martínez Alcázar, hiciera públicas sus intenciones por implementar el proyecto de las fotomultas en la capital michoacana, finalmente el edil independiente decidió poner freno a un esquema de tránsito con el que anualmente se pretendían recaudar al menos 140 millones de pesos.
Bajo la promesa de que con este modelo se reducirían hasta en un 50 por ciento los accidentes de tránsito en la ciudad, desde el pasado 23 de marzo Alfonso Martínez anunció que como parte de un innovador programa de movilidad, las también denominadas foto infracciones serían implementadas en la capital.
Con encabezados como “Luz verde a fotomultas” y “Habrá fotomultas en Morelia”, los diarios de mayor circulación en la capital comenzaron a posicionar ante la opinión pública un proyecto que en otras urbes ya había fracasado o por lo menos se encontraba al borde de ello.
“No se está inventando un nuevo impuesto, únicamente es como si contratáramos más policías, pero como no es posible hacerlo… entonces te apoyas con más tecnología”, refirió Alfonso Martínez en una declaración que se emitió justamente el 23 de marzo, y que se fue replicando conforme proseguía con sus intenciones de implementar este novedoso esquema en la ciudad.
Sus argumentos se centraron siempre en resaltar que con la adecuación de este sistema, las muertes consumadas al volante se reducirían de manera considerable; sin embargo, las declaraciones del munícipe fueron perdiendo fuerza cuando desde el cabildo moreliano comenzó a surgir oposición en torno al tema.
Los principales opositores al proyecto fueron los regidores Benjamín Farfán Reyes y Osvaldo Ruiz Ramírez, quienes condenaron que lejos de ver en las fotomultas una solución a los problemas viales de la ciudad, el Ayuntamiento buscaría únicamente elevar el esquema recaudatorio del Municipio.
“La propuesta es que se tenga una recaudación de 145 millones de pesos y la empresa se queda con el 40 por ciento, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, y tampoco es tan viable que sustraigamos a la economía de la ciudadanía esa cantidad”, fue lo declarado por Benjamín Farfán, a unos días de que se hicieran públicas las intenciones del Ayuntamiento.
“No existe la señalética necesaria, por eso suena ilógico que se le quiera cargar algo a la ciudadanía cuando ni siquiera cuentan con las herramientas para promover una cultura sana al volante”, le siguió el regidor Osvaldo Ruiz Ramírez.
La postura de los regidores no tardó en replicarse entre los morelianos, y la ciudadanía retomó sus argumentos condenando que el Ayuntamiento únicamente buscaba imponer un nuevo impuesto, a través de las foto infracciones.
Esta oposición comenzó a causar mayor ruido cuando el sector transportista se sumó a la exigencia de tumbar el proyecto, pues ante las irregularidades que presentan los trabajadores del volante al circular por la capital, evidentemente vieron en las fotomultas una amenaza en su operatividad.
Las inconformidades no frenaron las intenciones del presidente de Morelia, y para el mes de mayo se anunció el arranque del proceso licitatorio que definiría a la empresa a encabezar la implementación de las fotomultas en Morelia.
El calendario del proceso licitatorio contempló, de arranque, que el 10 de mayo se celebraría la apertura para Ofertas Técnicas; para el 16 y 17 de mayo se realizaron pruebas técnicas con cámaras montadas en diferentes puntos de la ciudad; el 23 de mayo se definió el porcentaje que percibiría la empresa licitada, y finalmente el 26 de mayo los morelianos conocieron a la empresa ganadora.
Como contexto, es importante que las empresas que participaron fueron Banku Procesadora Mercantil S.A. de C.V., Proyectos de Ingeniería Seguridad y Abastecimiento S.A. de C.V., Inteltrafico S.A. de C.V y Autotraffic S.A. de C.V.
Ante la confirmación de que el proceso caminaba sin pero alguno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) advirtió que la implementación de fotomultas en la capital michoacana constituiría una violación a los derechos humanos, en contraste con las necesidades y las posibilidades de los automovilistas morelianos.
“Consideramos que violan varios artículos constitucionales, nosotros aperturaremos una investigación de oficio, un expediente de queja contra todas las autoridades del Ayuntamiento que hayan intervenido en la implementación de este dispositivo”, declaró el pasado 16 de mayo Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la CEDH.
Incluso, de mano del propio Víctor Manuel Serrato, el pasado 17 de mayo se presentó ante el Congreso del Estado una propuesta para que se reforme y adicione un segundo párrafo al Artículo 71 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo, con lo que se buscaría poner freno al proyecto de las foto infracciones.
En medio de estas inconformidades, la empresa Autotraffic consiguió obtener la licitación, luego de que se denunciaran diversas irregularidades que colocaban a la empresa Inteltrafico como la preferida del Ayuntamiento para que saliera avante en el proceso.
Una vez que se anunció al ganador, el secretario de Administración, Yankel Benítez Silva anunció que en junio se realizarían pruebas piloto en la capital, para que a partir de julio las fotomultas operaran de manera regular.
La idea de ello, según se explicó, aterrizaba en conseguir que la ciudadanía se familiarizara con las fotomultas con un “mes de gracia”, el cual no generaría repercusiones monetarias sobre quienes resultaran merecedores de una infracción.
En cuanto al “modus operandi” de las fotomultas, se acordó que estas servirían para sancionar desde infracciones por rebasar el límite de velocidad, hasta por conducir sin el cinturón de seguridad o incluso por sorprender al conductor hablando por celular al volante.
Las ganancias acordadas con este modelo no favorecerían únicamente al Ayuntamiento, pues con base en el proceso licitatorio, se acordó que la empresa Autotraffic recibiera el 40 por ciento de lo recaudado por cada infracción impuesta.
Ante los avances que demostraba tener el Ayuntamiento sobre el tema, el 20 de julio la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) anunció que buscarían promover un amparo, a fin de evitar que las fotomultas se convirtieran en una realidad para la capital michoacana.
Lo mismo sucedió con la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Casa de Hidalgo, pues ésta anunció de igual manera que se respaldaría directamente del Poder Judicial de la Federación para interponer un amparo en contra de la aplicación de las fotomultas.
Bajo este panorama, el Ayuntamiento se vio obligado a establecer mesas de dialogo tanto con los integrantes de la 73 Legislatura del Congreso local como con las organizaciones transportistas que denotaron su oposición en torno a la implementación del proyecto.
Sobre esta misma tónica los meses pasaron y el Municipio no consiguió convencer a los opositores, por lo que este martes el presidente, Alfonso Martínez Alcázar confirmó la cancelación de las fotomultas, al no encontrar respaldo de la ciudadanía.
“Aunque estoy convencido de que es una medida que puede funcionar en Morelia, hemos escuchado a la sociedad en distintos sectores y he conocido sus dudas”, declaró en un evento público el edil.
Aunado a ello, este miércoles el Congreso de Michoacán responderá a la iniciativa presentada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra de las fotomultas, con lo que se podría cocinar el entierro definitivo de un proyecto que desde un inicio provocó rechazo en la ciudadanía.