Funcionaria del Congreso contrató software millonario sin facultades para ello, por el manejo contable de la Cámara
Morelia, Michoacán.-Los poderes otorgados por la presidencia del Congreso a funcionarios legislativos, no los facultaban para celebrar contratos de servicios para la instrumentación del software previsto para el manejo contable de la Cámara.
Así queda evidenciado en la escritura pública 2486 expedida por David Franco Sánchez, notario número 64 ubicado en la capital michoacana. El acto fue celebrado el 24 de noviembre de 2021.
En la escritura se hace constar que la presidenta del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez otorgó el poder general para pleitos y cobranzas a Jaime Virgilio Moreno Zavala y/o María Isabel Ceja Linares.
El poder otorgado por Adriana Hernández habría usado de manera indebida por María Isabel Ceja Linares para celebrar un contrato de prestación de servicios, firmado el 30 de diciembre de 2021, con el proveedor José Alfredo Aburto Gaitán para implementar un sistema de cómputo, conocido con el nombre comercial de “PROGRP” para el manejo contable de la Cámara.
En la escritura pública se especifica en todo aquello relacionado a pleitos y cobranzas, que el poder otorgado a Virgilio Moreno y/o María Isabel Ceja, es concerniente a presentar y contestar toda clase de demandas y reconvenciones; para rendir pruebas y objetar las de la contraria; para reconocer firmas y documentos; para desistirse, transigir, comprometer en árbitros o arbitradores, para otorgar quitas y esperas, para recursar con o sin expresión de causa, entre otros similares.
Ingresa a: En Congreso falsificaron firmas para adquisición irregular de software
Además se les otorgó poder en materia penal en el Sistema Acusatorio y Oral, ello para presentar y formular denuncias y/o querellas, acusaciones penales en contra de quién o quienes resulten responsables por la comisión de delitos.
Y un tercer poder otorgado fue para pleitos y cobranzas y para actos de administración en materia laboral.
Pese a que los poderes otorgados no abarcan la celebración de contratos, Isabel Ceja signaría a nombre del Congreso el contrato que hoy es motivo de polémica en la Cámara por las irregularidades en él registradas, y por el que el Poder Legislativo desembolsó recursos por 5.5 millones de pesos.