Funcionarios de Morena actúan como informantes de la DEA para evitar acusaciones de corrupción y nexos con el crimen organizado.
Ciudad de México.- Este sábado el influyente periódico The New York Times reveló que la presión judicial del gobierno de Trump provocó una ola de cooperaciones secretas dentro del partido oficialista.
Al menos una decena de funcionarios electos en México, incluidos gobernadores y legisladores de Morena, contactaron a las autoridades estadounidenses para operar como informantes de la DEA contra sus propios compañeros de partido.
Los hechos se registraron tras la reciente acusación de Washington contra 10 funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico.
De acuerdo con información recabada por The New York Times, la estrategia de los políticos oficialistas busca detener o adelantarse a indagatorias que puedan centrarse en ellos por delitos de corrupción y nexos con el crimen organizado.
Sheinbaum acusa injerencia extranjera ante procesos judiciales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo abierto a estas acciones y a las exigencias de captura emitidas desde el extranjero. Específicamente, defendió la soberanía nacional al frenar la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por fiscales estadounidenses.
La mandataria cuestionó los motivos de los fiscales norteamericanos durante un mitin político:
“¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? Ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”.
Pese al discurso público de unidad de la presidencia de México, analistas locales confirmaron que las investigaciones de las agencias de seguridad provocaron una fractura interna. Políticos de mandos medios y gobernadores buscan protección jurídica de manera unilateral en el país vecino.
Gobernadores bajo la mira de la justicia estadounidense
Entre los principales objetivos de las investigaciones de Trump se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.
Ambos funcionarios negaron cualquier vínculo con actividades ilícitas a través de sus equipos de comunicación, argumentando un desempeño estricto de sus funciones.
Asimismo, se filtraron grabaciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, coordinando reuniones con representantes legales estadounidenses.
La funcionaria reconoció la autenticidad del audio, pero aclaró que el asunto correspondía a la situación de su visado y calificó los señalamientos de acuerdos ocultos como “una total mentira”.
La recolección de testimonios por parte de las agencias norteamericanas avanza de forma paralela a los procesos de extradición vigentes. El control de los flujos de información interna mantiene en alerta a la estructura del partido dominante de cara a los próximos meses.
Crédito informativo: The New York Times.