Es la Secretaría de Gobierno, la dependencia encargada de dar aviso al Congreso del Estado y determinar la fecha de la comparecencia del secretario de Educación
Morelia, Michoacán.- A pesar de que el titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Alberto Frutis Solís, ha reiterado que no tiene inconveniente en que se le cite a comparecer ante el Congreso del Michoacán, a la fecha no hay todavía una fecha para que el funcionario estatal acuda a dar la información y aclarar las dudas que los diputados michoacanos tengan.
Y es que la glosa de la Secretaría de Educación se aprobó desde el pasado 14 de marzo y a más de dos meses cuando se recomendó y se hizo de manera oficial la propuesta para que Frutis Solís, acuda ante el Congreso, todavía la Secretaría de Gobierno, encargada de anunciar y poner una fecha, no ha hecho lo correspondiente.
Anteriormente el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, Antonio Madriz Estrada, dijo “comprender” el atraso al señalar el cambio de titular en la dependencia, sin embargo, comentó: “espero que sea eso”, en clara referencia a que no se trate de evitar la comparecencia de Alberto Frutis.
En tanto, el encargado de la política educativa de Michoacán apenas la semana pasada aseguró que en cuanto se determine la fecha y se pongan de acuerdo la Segob y Servicios Parlamentarios, estará presente en el Congreso del Estado “para dar la información que se requiera para el desglose y toda la información que los legisladores necesiten”.
Importante es mencionar que en la glosa aprobada el pasado 14 de marzo, se determinó que hay irregularidades en temas económicos y de infraestructura educativa; situaciones que Frutis Solís, ha negado ante representantes de medios de comunicación y asegura que una vez que haga su comparecencia se explicará todo lo que sea necesario.
Además, Frutis Solís, ha estado inmerso en una serie de acusaciones, principalmente que vienen de parte de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que solicitó una auditoría a la Secretaría de Educación, al señalar desvíos de hasta 12 mil millones de pesos, así como nómina “inflada”, nepotismo y falta de transparencia.