Morelia, Michoacán.- Aunque la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) tiene observados 606 millones de pesos por contratos adicionales que signó la autoridad, tras iniciar con un presupuesto de construcción de mil 500 millones de pesos para la presa Francisco J. Mújica, el proceso de desahogo de pruebas se lleva un periodo de 12 años, es decir, podría emitirse alguna sanción a los responsables de las irregularidades hasta el 2023, detalló el titular del órgano fiscalizador, José Luis López Salgado.
Un expediente obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revela que la División de Operaciones Estructuradas identificada como el Departamento de Sobornos de Odebrecht, encontró que en febrero del 2010, se habrían realizado dos pagos a la empresa brasileña por un monto de total de 383 mil dólares para la obra reconocida como “PH Michoacán”, clave que se dio a la presa Francisco J. Mújica.
De acuerdo con López Salgado, “en el 2011 hicimos la auditoria; hay observaciones por 606 millones de pesos que es lo que consideramos que se extralimitaron en las facultades los servidores públicos al hacer contratos separados o contratos adicionales de un original que costó mil 500 millones de pesos y la justificación que pudieran dar es que este monto pudiera ser movido en una de las cláusulas del contrato, dependiendo de la geología del terreno y la zona sísmica de la misma”.
López Salgado comentó que la obra tuvo un costo total de 2 mil 920 millones de pesos, de los cuales, en inicio se invirtieron mil 500 millones, así como otros 813 millones para la instalación de la turbina y el cárcamo de bombeo para el funcionamiento de la presa, de manera que el único hallazgo de la ASM que de momento se encuentra injustificado son los 600 millones de pesos destinados a contratos adicionales, que se encuentran observados en la fiscalización que se llevó a cabo en 2011.
“El costo de la obra en total, tuvo una inversión de 2 mil 920 millones de pesos; técnicamente mil 500 que fue el contrato inicial, técnicamente pudieran estar justificados, los otros 813, al final que fueron la instalación de la turbina y el cárcamo de bombeo y sus instalaciones electromecánicas pudieran estar justificadas, lo que creemos que pueden no estar justificados, son las contrataciones posteriores hasta por 600 millones de pesos, y son los que están ahí, observados”, comentó.
El auditor superior de Michoacán señaló que las etapas procesales contra los responsables de las irregularidades en la obra, constan de 12 años, de manera que si la fiscalización inició en 2011, el proceso de deslinde de responsabilidades concluirá hasta 2023.
“Hay etapas procesales que nosotros no podemos brincarnos, la ley aplicada en 2011, tenía hasta tres etapas procesales de hasta 4 años cada una, estamos hablando de hasta 12 años, si la auditoría la hicimos en 2011, estamos en 2017, apenas han transcurrido, no tenemos ninguna prisa, tampoco hay consigna de acelerar las cosas, los diputados conocieron estas etapas procesales y en qué etapa de la valoración estamos”, concluyó.