El recurso que obtenga el gobierno de la venta de inmuebles será para pago de nómina educativa
Morelia, Michoacán.- “A finales de septiembre o principios de octubre se estaría dictaminando para después pasarlo al pleno”, refirió el diputado perredista, Octavio Ocampo Córdova, al respecto de la propuesta para desincorporar 10 bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado a fin de venderlos y obtener recursos para el pago de nómina del sector educativo.
El legislador reconoció que es un tema urgente, pero que se tienen que seguir los procedimientos una vez que llegó al Legislativo y lo que ahora sigue es que ante el pleno se haga del conocimiento público que ya está el documento en el Congreso para de ahí, enviarlo a las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen y regresarlo al pleno para su aprobación.
La fecha estimada en la que se haría la lectura de la llegada del documento al Congreso, será el próximo 11 de septiembre cuando sesionen los legisladores y se pueda enviar a comisiones unidas para su dictamen, que sería aprobado a finales de septiembre y/o principios de octubre. Aunque otros diputados han señalado que podría ser más ágil y rápido el proceso en comisiones.
Sin embargo, otros como el priista Eduardo Orihuela Estefan, han dicho que tendrán que revisar a fondo dicha propuesta y ver la viabilidad de la venta, pues hay algunos bienes inmuebles que están en la lista de los 10 que envió el Ejecutivo estatal pero que podrían tener otro destino y no necesariamente ser vendidos. Toda vez, que se pretende obtener por ellos solamente 700 millones de pesos aproximadamente, lo que no es suficiente para completar el adeudo total con los maestros michoacanos.
En el caso del diputado panista Arturo Hernández Vázquez, la venta es inminente y ve con buenos ojos que se desincorporen los 10 inmuebles de la lista, debido a que señaló, muchos de ellos necesitarían rehabilitación y trabajo de mantenimiento para poderlos usar como oficinas o alguna tarea de la administración pública estatal “sería invertir dinero que no se tiene para ponerlos en condiciones de que presenten un servicio”.