Cinco exfuncionarios que conformaban la columna vertebral de la estructura de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas del Gobierno de Michoacán durante la administración de Leonel Godoy Rangel como titular del Ejecutivo del estado, fueron inhabilitados por la Contraloría del Estado.

De los cinco funcionarios inhabilitados destaca Roldán Álvarez por tres años y quien fuera director de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas durante el período del 2008 al 2011. También fue inhabilitado por cinco años a no ocupar ningún cargo Carlos Ferreyra, quien fuera el delegado administrativo del CEAC en el estado de Michoacán y el subdirector de construcción de la misma paraestatal, Juan Manuel Zarate, quien aparte de la inhabilitación para ocupar un puesto público también fue acusado por delitos de peculado, lo que valió fuera detenido y puesto en prisión, pero pudo pagar fianza para quedar en libertad y seguir su proceso sin estar detenido.

De acuerdo a la propia información obtenida por la Contraloría del Gobierno de Michoacán y en base a los procesos administrativos, dichas inhabilitaciones han quedado en firmes para ser aplicadas desde el año pasado a partir del 1 de septiembre del 2015.

Los inhabilitados fueron sancionados por los siguientes motivos: Licitaciones en la que se simularon concursos de oposición, pero siempre ganaban empresas constructoras con los montos de la propuesta económica más alta y sin garantizar calidad de las obras. Además de obras reportadas como terminadas y nunca se iniciaron o concluyeron, principalmente en el municipio de Apatzingán, Buenavista y en la región Bajío donde no se construyeron o terminaron líneas de conducción de agua potable, drenajes o, incluso, plantas de tratamiento para limpiar las aguas negras.

Después de una revisión minuciosa por la contraloría durante el gobierno de Salvador Jara se determinó pedir que se presentarán denuncias penales porque millones de recursos se asignaron a una misma empresa para construcción de obras en Tierra Caliente, pero nunca se terminaron, se hizo entrega como concluidas y aparte los anteriores funcionarios elevaban el monto a lo que otra empresa con propuesta más económica la podía construir.

Una de las empresas beneficiadas fue Constructora OCHOA de S.A. de C.V., quien se benefició de varias obras en distintos municipios de Tierra Caliente, pero nunca se concluyeron en los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Otras de las observaciones que se hicieron a estos exfuncionarios nombrados por el exgobernador Godoy Rangel fueron que cerca de 145 millones de pesos para la construcción de plantas de tratamiento del ejercicio del 2009, fueron asignados a ciertas empresas que no terminaron las mismas y que al aparecer se destinaron a realizar obras que no cubrían con la calidad para garantizar un servicio de saneamiento de aguas residuales.

Cabe señalar que Roldan Álvarez se encuentra fuera del país. Y que su subdirector de construcción se encuentra libre después de pagar una fianza para seguir el proceso penal abierto por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

 

Datos de la Contraloría en procesos del 2014 al 2015

La Coordinación de la Contraloría del Gobierno de Michoacán informó que se han realizado del 2014 al 2015 un total de 944 procedimientos de responsabilidades contra funcionarios públicos del Gobierno del Estado, de los cuales, 441 se resolvieron y resultaron se acreedores a diversos procedimientos diversos desde sanciones como apercimientos, amonestaciones, suspensiones, destitución de empleo e inhabilitación para el ejercicio de empleos.

De acuerdo a cifras de la Contraloría del Estado de Michoacán, en el 2014 se iniciaron 641 procedimientosadministrativos de responsabilidades en contra de servidores y exservidores de la Administracion Publica Estatal.Se desahogaron 578 audiencias de pruebas y alegatos dentro de los procedimientos administrativos de responsabilidades.

De este año, se dictaron sentencia en 292 resoluciones, que dieron fin a diversos procedimientos administrativos de responsabilidades, dentro de las cuales se impusieron sanciones como apercimientos, amonestaciones, suspensiones, destitución de empleo e inhabilitación para el ejercicio de empleos, o absoluciones.

En 2015, la Contraloría, reporta en el informe de labores de Salvador Jara Guerrero, que se iniciaron 303 procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de servidores y exservidores de la Administracion Publica Estatal.

De lo anterior, se desahogaron 482 audiencias de pruebas y alegatos dentro de los procedimientos administrativos de responsabilidades. Se emitieron 149 resoluciones que dieron fin a diversos procedimientos administrativos de responsabilidades, dentro de las cuales se impusieron sanciones ya mencionadas.