Juez federal dicta prisión preventiva para Ovidio Guzmán
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Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, fue detenido ayer en un operativo en Culiacán, Sinaloa; Juez federal le dicta prisión preventiva

Un juez federal dictó prisión preventiva en contra de Ovidio Guzmán López, El Ratón, líder del grupo delictivo de Los Menores, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos para ser juzgado por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el penal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, detalló que las autoridades norteamericanas cuentan con un plazo de 60 días para presentar de manera formal la solicitud de extradición y el expediente con el cual pretende juzgar al hijo de Joaquín, El Chapo, Guzmán.

El impartidor de justicia advirtió que, si la Embajada de Estados Unidos no formaliza su pedido de extradición antes del 5 de marzo, decretará la libertad de Guzmán López.

La defensa de Ovidio solicitó que su cliente pudiera tener acceso a medicamentos, ya que sufre de ansiedad y depresión, además de que recientemente fue sometido a una cirugía en el estómago.

La diligencia estaba agendada para las 11:00 horas; sin embargo, inició hasta las 14:30 horas. Por este motivo, Salazar Hernández ordenó a la FGR iniciar una carpeta de investigación por delitos contra la administración de la justicia en contra de la directora del Altiplano y el comisionado del Órgano Administrativo Desconcertado de Prevención y Readaptación Social, por el retraso injustificado para presentar a Guzmán López a la sala de audiencias.

Adicionalmente, les impuso a dichos funcionarios una multa de 19 mil 244 pesos por este acto de negligencia.

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Fuentes federales señalaron que la dirección del centro penitenciario justificó el retraso al argumentar que por motivos de seguridad no era conveniente que el hijo de El Chapo compareciera en forma física y planteó que la mejor opción era la videoconferencia.

En respuesta, el juzgador apercibió con una orden de arresto administrativo a la directora y el comisionado, así como una multa y una denuncia ante la FGR por lo que calificó como una conducta contumaz y negligente.