La Secretaría de Seguridad Pública busca evitar desplazamientos en Apatzingán, trabajando con la CEDH y ACNUR para un retorno seguro.
Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública debe generar las condiciones para evitar que sigan ocurriendo desplazamientos en localidades de Apatzingán, apunta Josué Mejía Pineda, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Entrevistado a propósito de la situación que impera con las víctimas de desplazamiento forzado en Apatzingán, el ombudsperson informó que la CEDH trabaja de manera coordinada con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), organismo con el que recientemente firmó un convenio de colaboración para fortalecer la capacitación y el acompañamiento en materia de desplazamiento forzado.
Como parte de esas acciones, adelantó que el próximo miércoles buscarán instalar una mesa de trabajo en el municipio, con la participación del ayuntamiento y de todas las instituciones involucradas; la intención de la CEDH es elaborar un plan integral que parta de un diagnóstico sobre la situación que enfrentan las comunidades afectadas.
“Lo que queremos hacer es poner el tema sobre la mesa, garantizar el retorno seguro y que ya no exista el desplazamiento. Pero tenemos que hacerlo de manera coordinada con todas las instituciones”.
-¿Qué condiciones reales de posibilidad hay para que la gente retorne a sus comunidades?, esto teniendo en cuenta que los grupos de la delincuencia organizada no se han ido, siguen ahí y son los generadores de estos desplazamientos…
“Sí, bueno, justamente el tema es que la Secretaría de Seguridad Pública genere esas condiciones; eso es algo por lo que estamos pugnando. Estos recorridos alternos que estamos haciendo -ya hemos realizado, me parece, dos en estos lugares- tienen justamente ese objetivo: plantearle al área de seguridad pública las acciones necesarias”.
En el Plan Integral que se prevé, indicó que, además de las dependencias gubernamentales, se contempla incorporar a representantes de la Iglesia católica, entre ellos el obispo de la región y un sacerdote con trabajo comunitario en el municipio, a fin de establecer una mesa permanente de atención.
Reconoció que la Comisión aún no cuenta con una cifra precisa del número de personas y comunidades afectadas por el desplazamiento, información que, dijo, se buscará obtener durante la visita de campo para dimensionar el problema y definir las acciones a seguir.
Cuestionado sobre los señalamientos de una presunta renuencia de la alcaldesa Fanny Arreola, para reconocer la magnitud del desplazamiento, consideró que sería prematuro hablar de omisiones por parte de la autoridad municipal.
Afirmó que, hasta el momento, ha percibido disposición para trabajar de manera coordinada y recordó que en la visita de representantes de ACNUR a Pátzcuaro también participó la presidenta municipal junto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
“Lo que percibo es voluntad para dialogar y colaborar. Evidentemente, toda omisión en la atención de un problema tiene consecuencias, pero por ahora nuestra intención es fortalecer el trabajo conjunto y construir una atención integral para las personas desplazadas”, concluyó.