La nueva ley contra feminicidios busca unificar el tipo penal y hacerlo imprescriptible en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso el martes 22 de julio una propuesta de Ley General para prevenir, investigar y sancionar feminicidios; Esta iniciativa busca unificar el tipo penal en todo el país, hacerlo imprescriptible y establecer normas nacionales de coordinación, atención a víctimas y reparación del daño.
La propuesta surge debido a que el feminicidio, según la reforma, no debe considerarse solo un delito penal, sino como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres.
La CEPAL indica que en los últimos cinco años, al menos 19,100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe, con 3,828 casos solo en 2024.
En México, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en 2024 se registraron 855 feminicidios, en 2025 fueron 732 y en enero de 2026 hubo 94 casos. Aunque hay una disminución en la incidencia, la violencia letal contra las mujeres sigue concentrándose en estados como Sinaloa, Estado de México, CDMX, Morelos y Chihuahua, que representan aproximadamente un tercio de los casos del país.
El eje central de la propuesta es la creación de una ley general que armonice los marcos penales de las 32 entidades federativas. Actualmente, todas tipifican el feminicidio, pero con diferencias significativas en las razones de género, agravantes y penas, lo que resulta en respuestas desiguales y dificultades para clasificar los delitos correctamente.
La iniciativa también propone que el feminicidio sea imprescriptible. Según la exposición de motivos, este delito comparte características con otras conductas que no deben prescribir con el tiempo, ya que se comete en contextos de subordinación y discriminación, siguiendo patrones repetidos, y su impunidad fomenta la recurrencia.
El documento señala que 18 estados ya reconocen la imprescriptibilidad del feminicidio en sus códigos penales, incluyendo Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. La propuesta argumenta que permitir la prescripción de este delito sería un retroceso en los estándares de protección.