La LXXVI Legislatura de Michoacán se destaca por escándalos y sumisión al Ejecutivo, evidenciando desaseo parlamentario y confrontaciones internas.
Morelia, Michoacán.- La LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán concluyó ya el segundo periodo de sesiones de su segundo año de ejercicio, etapa en la que se ha caracterizado en Michoacán por los escándalos, las confrontaciones internas, el desaseo parlamentario y la sumisión al Poder Ejecutivo.
El trabajo más intenso de la actual Legislatura quedó prácticamente concluido con el cierre de este periodo, debido a que el tercer año legislativo transcurrirá en tiempos electorales, cuando la atención de los diputados suele concentrarse en la contienda y no en la labor parlamentaria.
Desde su arranque, la LXXVI Legislatura evidenció que la polémica y la violación de los procedimientos marcarían su actuación. Así ocurrió desde su primera decisión, al contravenir la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso al designar una Mesa Directiva, presidida por Juan Antonio Magaña de la Mora, por un periodo de nueve meses y no de un año, como establecía la norma.
La sumisión al Poder Ejecutivo quedó plasmada en el ADN de la Legislatura desde el inicio. A través de su mayoría, buscó congraciarse con el ámbito federal al aprobar, a toda velocidad, las reformas promovidas por la Presidencia de la República que requerían el aval de los congresos locales y, en el ámbito estatal, aquellas impulsadas por el gobernador.
La falta de discusión con los sectores afectados por las reformas aprobadas quedó patente desde el comienzo de la Legislatura. En noviembre de 2024, entre elogios al Ejecutivo estatal y a la rectora Yarabí Ávila González, el Congreso aprobó, mediante un albazo, las reformas a la Constitución Política del Estado relacionadas con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), sin atender los planteamientos de la comunidad nicolaita y vulnerando derechos históricos bajo el argumento del orden presupuestal.
El asunto no terminó ahí. En la madrugada del 8 de marzo de 2025, pese a las exigencias de docentes y trabajadores para abrir un diálogo sobre su contenido, la mayoría legislativa aprobó la nueva Ley Orgánica de la UMSNH. Sólo el diputado Juan Carlos Barragán votó en contra.
La actual Legislatura también ha sido omisa en esclarecer la adquisición irregular de un software para la contabilidad del Congreso, contratado por la Legislatura anterior. A pesar de las denuncias por el desfalco de cinco millones de pesos al erario, únicamente se fincaron responsabilidades a funcionarios del Poder Legislativo, sin alcanzar a los diputados que habrían ordenado la contratación y presuntamente se beneficiaron de ella.
En agosto de 2025 se desató una fuerte polémica por la vestimenta utilizada por la entonces presidenta del Congreso, Giulianna Bugarini, lo que derivó en una ola de comentarios misóginos en redes sociales. Como consecuencia, la legisladora presentó denuncias por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Bajo el argumento de la paridad y la igualdad, legisladoras de Morena con aspiraciones rumbo a 2027 impulsaron —con la venia del Ejecutivo— una reforma para establecer por ley que Michoacán debía elegir a una mujer como gobernadora en la próxima elección. Sin embargo, la iniciativa fue frenada tras la intervención directa de la dirigencia nacional del partido.
Los jaloneos protagonizados por el Movimiento del Sombrero dieron de qué hablar desde la recta inicial de la Legislatura. Los diputados independientes Carlos Bautista Tafolla y Conrado Paz Torres obtuvieron en tribunales el reconocimiento para conformar una bancada independiente, aunque ésta tuvo una vida efímera, pues el primero decidió separarse por diferencias con su compañero, lo que provocó su desaparición.
En diciembre de 2025, Conrado Paz denunció el presunto cobro de moches a legisladores independientes por parte del finado alcalde, quien presuntamente se allegaba de recursos del Poder Legislativo. También reveló las expresiones de Carlos Bautista hacia el munícipe, a quien calificó como “alacrán”.
Otras polémicas se vivieron en el Congreso tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el primero de noviembre de 2025. Entre ellas destacaron las propuestas de Carlos Bautista Tafolla para ofrecer hasta 10 mil pesos a quienes denunciaran penalmente a sus propios familiares consanguíneos.
Uno de los capítulos más álgidos con la sombreriza se registró el 27 de mayo pasado, cuando el Pleno aprobó la reforma electoral del estado con una clara dedicatoria al Movimiento del Sombrero, al restringir las candidaturas independientes. La movilización de sus integrantes dio pie a una cruzada del presidente del Congreso, Baltazar Gaona García, contra la alcaldesa Grecia Quiroz García, a quien declaró “non grata” y prohibió el acceso al Palacio Legislativo. La medida fue posteriormente revocada por los tribunales.
Semanas después se dio a conocer que la alcaldesa había cobrado como asesora en el Congreso local hasta antes de asumir el cargo, pese a que ya se desempeñaba como presidenta del DIF de Uruapan. Este hecho recrudeció las críticas de Baltazar Gaona, quien la calificó de “aviadora”.
Los diputados que suelen definir al Palacio Legislativo como “la casa del pueblo” han eludido a la ciudadanía cuando ésta se manifiesta para exigir atención a sus demandas. Un ejemplo ocurrió en diciembre pasado, cuando el Pleno sesionó prácticamente a salto de mata para aprobar el paquete económico estatal de 2026, mientras trabajadores del sector Salud protestaban por los adeudos que mantenía el gobierno con ellos.
El tres de diciembre pasado los legisladores sesionaron en el Hotel Gran Cantalagua, hasta donde fueron seguidos por los manifestantes. La protesta generó molestias entre el personal y los huéspedes, por lo que al día siguiente trasladaron la sesión al hotel Fiesta Inn, en Altozano.
La desincorporación de 38 inmuebles propiedad del estado propuesta por el Ejecutivo, para que la mayoría de éstos fueran vendidos –con valuaciones muy por debajo de su valor comercial- ha sido otra de las grandes decisiones polémicas de esta Legislatura, que evidenció las contradicciones del morenismo, que en la recta final del gobierno de Silvano Aureoles Conejo se opuso duramente a una medida similar –que incluía menos propiedades-, pero que con Alfredo Ramírez Bedolla decidió avalarla.
Dentro de las filas de la Cuarta Transformación en el Congreso local, hubo oposición férrea frente a la medida, no sólo por la rapidez con que fue procesado el asunto –una semana-, o las violaciones a la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso, sino por las dudas sobre el destino final de muchos de ellos, así como por quiénes se verían beneficiados con ello. Pese a todo, el tema logró mayoría su aprobación.
El poco respeto por el recinto Legislativo ha caracterizado también a la LXXVI Legislatura, el cual es usado según la apetencia de los diputados, con casos de gravedad como el ocurrido el pasado diez de junio, en el marco del Día Estatal del padre, cuando la Banda Carnavalito interpretó el narcocorrido “Se les peló Baltazar” dentro del salón de Plenos, en la máxima tribuna, para agasajar a Baltazar Gaona, quien incluso cantó la melodía.
El diez de mayo, una mariachi ya había hecho acto de presencia en el Salón de Plenos, para tocar las mañanitas a las diputadas que son madres, mientras se dejaban agasajar con flores, tomándose fotos frente al lábaro patrio.
El ausentismo en las sesiones del Pleno también ha sido una constante entre los actuales diputados. Como consecuencia, con frecuencia las sesiones deben declararse en receso o retrasar su inicio para reunir el quórum necesario para su desarrollo.