Obligadas a pedir permiso para viajar con sus hijos fuera del país, once millones de madres solteras que sostienen a sus hijos en México.
Morelia, Michoacán.- En México, 11 millones de madres solteras asumen el total de la responsabilidad económica de sus hijos, pese a ello, legalmente están obligadas a pedir permiso a los padres para que los menores puedan salir del país.
Esta situación forma parte de los argumentos que esgrime por la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Partido Verde en el Congreso Michoacán, para sustentar la propuesta que ha presentado al Congreso local, a fin de que éste apruebe un acuerdo que sea enviado a la Cámara federal, con una iniciativa de reforma a la Constitución General de la República, para evitar que se deba solicitar permiso al padre o la madre para sus hijos viajen, cuando éstos no hayan asumido responsabilidad alguna en sostenerlos.
Para su propuesta –conocida como Ley Cazzu- la legisladora argumenta que México enfrenta una emergencia silenciosa en materia de cuidados y justicia familiar, revelando una profunda desigualdad de género y una crisis de incumplimiento de obligaciones.
Apunta que en hogares monoparentales, la figura paterna es, en un alto porcentaje, inexistente en el día a día, pero legalmente permanece omnipotente para frenar el desarrollo del niño en trámites esenciales como viajes, mudanzas o la obtención de pasaportes.
En ese sentido la legisladora refiere que esta crisis se agrava ante el fenómeno del abandono alimentario, “pues se estima que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia a la que tienen derecho, obligando paradójicamente a la madre a rogar por la firma del deudor para cualquier trámite de movilidad”.
Esta situación –agrega- constituye una forma de violencia vicaria que el Estado mexicano ha comenzado a reconocer, ya que impedir la movilidad de un menor sin una justificación real, con el único fin de controlar a la madre, es una agresión que el artículo 2 constitucional debe combatir frontalmente.
De manera específica, sobre Michoacán, explica que la entidad presenta particularidades sociodemográficas “que hacen urgente esta reforma debido a su naturaleza migratoria y social. Nuestra entidad posee uno de los índices más altos de intensidad migratoria hacia los Estados Unidos, lo que genera una dinámica de familias transnacionales donde miles de niños requieren movilidad internacional para la reunificación familiar o por cuestiones de salud”.
Alude a datos de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial estatal para confirmar la urgencia: incrementos de hasta un 80% en el incumplimiento de pensiones alimenticias decretadas por sentencia, mientras el sistema judicial se encuentra saturado de juicios de autorización judicial para salir del país que resultan lentos y revictimizantes.
“Considerando que en Michoacán el porcentaje de hogares con jefatura femenina supera el 33%, donde la madre asume el 100% de la carga de cuidados, esta reforma al artículo 2 de la Constitución local no pretende vulnerar el derecho de convivencia, sino establecer con claridad que quien abandona sus deberes no puede conservar el derecho de vetar el desarrollo del menor”.
Es así que puntualiza que la reforma busca erradicar el uso del consentimiento legal “como una moneda de cambio o herramienta de extorsión, garantizando que el derecho a la movilidad y a la vida familiar no dependa del arbitrio de un progenitor que ha decidido desentenderse de sus responsabilidades más elementales”.