Hace solo unas cuantas semanas, el famoso periódico estadounidense The New York Times, emitió un reportaje acerca de un supuesto espionaje practicado por el gobierno federal de México a distintos periodistas y activistas.
El presidente Enrique Peña Nieto, a través de una serie de inusuales respuestas, trató de indicar que el Estado Mexicano se regía estrictamente por la ley y que tales acusaciones de espionaje eran infundadas pues no había pruebas contundentes.
Posteriormente Citizenlab, un instituto de la universidad de Toronto experto en software, señaló que efectivamente los dispositivos de aquellos que fueron señalados por el reportaje del periódico estadounidense, entre los que destacan los padres de los 43 normalistas desaparecidos, la periodista Carmen Aristegui y el periodista Carlos Loret de Mola, sí fueron intervenidos a través de un programa denominado Pegasus, cuyo propósito es permitir que terceros puedan acceder a la información de un dispositivo donde esté instalado el mencionado programa.
Ciertamente, tampoco eso es prueba suficiente de que el gobierno federal fue necesariamente el que infectó los dispositivos de comunicación y que posteriormente obtenía información de ellos. Pero si debe reconocerse que esta posible tesis no es para nada irreal.
Especialmente porque varios de los que fueron espiados a través de este software, son personajes “incomodos” políticamente hablando para el actual gobierno federal. Hay que recordar que el espionaje a opositores no es un tema nuevo en la historia contemporánea de México, en la década de los ochenta y noventa los distintos gobiernos federales llegaron a recurrir al espionaje para averiguar los posibles movimientos de las nuevas oposiciones que estaban surgiendo.
Así las cosas, no deja de ser preocupante el tema, toda vez que para aplicar tácticas de espionaje se requiere un permiso judicial, si no se tiene se está incurriendo en una ilegalidad. A parte de todo ello, lo más insólito sería que de comprobarse que fue el estado mexicano el que permitió la instalación y uso de un software espía, la poca credibilidad que actualmente posee el gobierno federal se perdería, simplemente por el hecho mismo de usar elementos de inteligencia para espiar a potenciales críticos en vez de utilizarlos para combatir al crimen organizado.
George Orwell, escritor crítico de los totalitarismos del siglo XX, describió en su libro, 1984, a un poderoso estado totalitario llamado Oceanía, cuyo gobierno tenía control absoluto de las vidas y datos de todos sus ciudadanos todo el tiempo, este gran estado utilizaba todas sus tácticas de espionaje e inteligencia para atemorizar y localizar a opositores políticos, sin embargo permitía la existencia del crimen en las diferentes zonas de su territorio siempre y cuando los actos criminales no generaran insurrección política.
Eso mismo estaría haciendo el estado mexicano, si se corroboran las acusaciones de espionaje. Realmente resultaría inaudito que el gobierno federal por un lado permita tácitamente la operación del crimen organizado, cuyas acciones perjudican al ciudadano común, mientras por el otro utilice medios de inteligencia pagados con los impuestos del pueblo mexicano, para espiar activistas e informadores de noticias.
Todo lo anterior tiene grandes posibilidades de ser realidad, por una simple y sencilla razón: no hay contrapesos efectivos sobre la administración federal, es decir, el ejecutivo no tiene a una contraparte que lo pueda enfrentar en términos jurídico-administrativos.
Teóricamente el congreso debería cumplir con esa función, pero es bastante sabido que la mayoría de legisladores le son leales al presidente; otro organismo que en teoría también debería servir de contrapeso sería el Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo hace unos cuantos días, cuando se denunció el presunto caso de espionaje, quedó exhibido que la propia estructura interna de este sistema entorpece terriblemente su funcionamiento, puesto que casi la mitad de sus miembros son funcionarios federales, algunos incluso colocados en sus puestos directamente por el propio presidente, finalmente la denuncia ante este organismo no pudo proceder.
Se debe ser claro en una cosa, que estas polémicas situaciones que involucran al estado mexicano no son exclusiva culpa de la actual gestión federal encabezada por Enrique Peña Nieto, pues aunque es su gobierno el que está actualmente ante los reflectores de la opinión pública, son parcialmente culpables también las administraciones pasadas que decidieron dejar intactas las estructuras político-administrativas de los 70 años de gobierno del régimen hegemónico y autoritario. Y mientras estas estructuras continúen prevaleciendo, los ciudadanos mexicanos seguirán a merced de un estado que emplea recursos de inteligencia contra la oposición pero que deja impune al crimen organizado.
Muy lamentable es que el estado mexicano esté pareciéndose a la Oceanía descrita por George Orwell y más lamentable es que el gobierno federal este mimetizando algunas de las tácticas políticas de ese ficticio gobierno totalitario.