El estado de Michoacán ocupa el cuarto lugar en la tasa de la prevalencia de corrupción donde por cada 100 mil habitantes, un total de 16 mil 321 son víctimas de corrupción, más arriba de la tasa nacional y con la diferencia de 3 mil 846 más, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).
El diputado local de MORENA, Enrique Zepeda Ontiveros, presentará una reforma a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos en el estado de Michoacán, en la que se busca establecer mecanismos de resarcir daños al erario público o a los ciudadanos.
En su propuesta argumenta que se estima una tasa de incidencia de 29 mil 144 actos de corrupción de servidores públicos por cada 100 mil habitantes de nuestro estado, generando una percepción negativa por los servicios públicos y por los que lo representan.
Señaló que de la misma manera diversas encuestas dedicadas a la transparencia muestran datos como la IMCO (Instituto Mexicano para la competitividad), en un estudio llamado la anatomía de la corrupción, colocan al Estado de Michoacán en el tercer sitio a nivel nacional por corrupción en su aparato gubernamental.
“De estas prácticas donde se violenta todo derecho consagrado en nuestro país libre y soberano y que nos ha sido otorgado como ciudadanos, para que luego por parte de Servidores Públicos se nos sean violentados y traten al ciudadano común como criminales”.
Ante la falta de sanciones graves, explicó que el hecho de que estos servidores públicos no sean castigados u obligados a resarcir el daño que le ocasiona a un ciudadano, que no cuenta con las herramientas para exigir sus derechos por ignorancia por pobreza o por lo que fuese su situación, ocasiona que se pierda la credibilidad hacia las instituciones y a todo órgano estatal.
“Sabemos que existe un la ley que sanciona a servidores públicos, pero en la mayoría de su articulado solo castiga actos por incumplimientos, irregularidades o disposición de los recursos públicos, que causan daños o perjuicios cuantificables pecuniariamente, es decir que solo se preocupa por el daño económico o administrativo dentro de sus instituciones públicas, pero no se ocupa del perjuicio a una persona física quedando en total impunidad el agravio a sus derechos como ser humano”, justificó su iniciativa de ley a presentar en la próxima sesión legislativa.
Se plantea reformar el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, referente al apartado de responsabilidad resarcitorias en el sentido que “cuando se cometan desistimiento e irregularidades de las funciones en el detrimento de las autoridades garantes o de los recursos públicos, con las que se obtenga beneficio económico o se causen daños o perjuicios cuantificables pecuniariamente o agravio moral, físico, psicológica a la persona, causara efecto y obligación resarcitoria de manera económica, según sea el grado, cuando el daño sea comprobado ante los órganos competentes conforme a esta ley o las que el Estado determine”.
Adicionalmente propone que cuando por alguna causa el servidor público no cumpliera con la obligación resarcitoria por lo antes mencionado, recaerá responsabilidad en el Órgano Gubernamental por el que está sujeto, solventando de manera expedita la obligación para la reparación del daño.
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