ONU pide esclarecer el asesinato del líder limonero y defensor de derechos humanos en Apatzingán, Bernardo Bravo, homicidio ocurrido en octubre de 2024.
Morelia, Michoacán.- Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitaron al Estado mexicano informar sobre las investigaciones relacionadas con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, productor de limón y dirigente de citricultores en Apatzingán, ocurrido en octubre de 2024.
En una comunicación oficial dirigida al gobierno mexicano, expertos de Naciones Unidas señalaron que buscan llamar la “atención urgente del Gobierno…, en relación con el asesinato del defensor de los derechos humanos, el Sr. Bernardo Bravo Manríquez”, ocurrido en la región de Tierra Caliente de Michoacán.
El documento fue emitido por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Los especialistas describen que Bravo Manríquez era productor de limón y dirigente gremial en la región agrícola de Apatzingán, donde participaba en la defensa de productores frente a problemas de seguridad y presiones del crimen organizado.
De acuerdo con el documento, el dirigente había asumido responsabilidades dentro de la organización de citricultores de la región y participaba en la representación de productores frente a las condiciones de violencia que afectan al sector agrícola.
Los relatores señalaron que la investigación del homicidio debe considerar su actividad como defensor de derechos humanos y representante del sector limonero.
En el pronunciamiento, también se solicita al Estado mexicano información detallada sobre las diligencias realizadas para esclarecer el crimen y las medidas adoptadas para evitar nuevos ataques contra personas que defienden derechos humanos.
Los expertos pidieron además que se expliquen las acciones implementadas para proteger a líderes sociales y productores que han denunciado violencia y extorsión en la región.
El caso del dirigente limonero fue expuesto ante los mecanismos internacionales de derechos humanos como parte de la preocupación por los riesgos que enfrentan quienes denuncian violencia y presiones criminales en zonas agrícolas del país.