Morelia, Michoacán.- La paridad de género y el derecho indígena son cuestiones que se han abordado en el Congreso de Michoacán, pero que no han terminado de ponerse en práctica, consideró Orlando Aragón Andrade, investigador de la UMSNH, quien destacó la importancia del estudio de la antropología jurídica, como el análisis de la práctica, particularmente en el día a día del derecho indígena, y en la participación política de las mujeres en ese ámbito, temas que si bien están contemplados en la Ley, no se llevan a cabo en la realidad.
En ese sentido, Aragón Andrade manifestó que si bien hay problemas de equidad de género en las comunidades indígenas, también los hay en la institución máxima que debe salvaguardar esa nueva disposición, como lo es la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde la presencia de magistradas es mucho menor a lo especificado en la Ley, por lo que subrayó que esto no es un problema particularmente de las comunidades indígenas, si no de los propios mexicanos.
Por el contrario, el Doctor en Antropología, detalló que en el caso específico de Cherán Michoacán, en donde a raíz del movimiento que generaron las mujeres contra los talamontes y crimen organizado, son ellas quienes ocupan el cuarenta por ciento de las posiciones electas en asamblea, lo que representa un porcentaje mayor de participación femenina que en muchas otras instituciones estatales.
En las instalaciones de la Biblioteca “Lic. Eduardo Ruíz Álvarez”, del Congreso del Estado, en donde se llevó a cabo la conferencia, el investigador resaltó que la Antropología Jurídica se especializa en las formas en que las comunidades indígenas imparten justicia, en donde en ocasiones la misma se complementa con las normas impresas en la ley, como parte del derecho positivo mexicano, y en ocasiones se contraponen, sin que esto signifique necesariamente que las comunidades vivan en prácticas ilegales todo el tiempo.
Al respecto, destacó que en México existe una interlegalidad, o mezcla de legalidades, entre la Antropología Jurídica desde la justicia indígena, y el derecho estatal, pues si bien pueden diferenciarse, tienen una relación paradójica, de complementariedad, o incluso de choque, y ejemplificó el caso de la comunidad michoacana de Santa Fe de la Laguna, en donde por un lado los jueces de tenencia son electos en asamblea popular, y ratificados por el tribunal, lo que complementa ambas legalidades, y por el contrario las atribuciones de los jueces incluyen la recolección de los donativos para celebraciones patronales, lo que está prohibido en el derecho estatal, por ende las contrapone.