Con penas de 10 a 20 años de prisión, plantea en Congreso del Estado, Octavio Ocampo tipificar el reclutamiento forzado para Michoacán.
Morelia, Michoacán.- Tipificar el reclutamiento forzado plantea el perredista Octavio Ocampo Córdova en el Congreso de Michoacán, quien propone penas de 10 a 20 años de prisión.
Se trata de la primera iniciativa que en la materia se presenta en el Congreso local, ello frente a una problemática que va al alza en Michoacán como en México.
Octavio Ocampo explica que si bien el Código Penal vigente sanciona delitos derivados de la actuación de personas reclutadas, actualmente no existe una figura autónoma que penalice el acto previo de captar, enganchar o inducir a alguien a integrarse a estructuras delictivas, únicamente se contempla descrita parcialmente como parte del delito de corrupción de menores.
El legislador subraya que en múltiples regiones del Estado, el reclutamiento ocurre y se da mediante diversas modalidades: reclutamiento forzado y reclutamiento no forzado. En el caso del primero los mecanismos de captación que se emplean son la privación de la libertad, la extorsión, la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes y adultos, las amenazas, el chantaje, la intimidación, el maltrato físico, así como la violencia física y psicológica.
En el caso del reclutamiento no forzado agregó que éste se opera a través del engaño, la oferta económica y de empleo, la supuesta protección que ofrece un grupo criminal, la oferta de regalos a través de redes sociales (videojuegos y diversos dispositivos electrónicos de interés de las niñas, niños y adolescentes, la necesidad económica, la imitación, y la subsidiariedad bajo el ofrecimiento de sentido de pertenencia y familia.
“La instrumentalización de personas jóvenes como vigilantes territoriales, transportistas de sustancias ilícitas, cobradores de extorsión o participantes en actos violentos constituye una forma moderna de explotación criminal que exige una respuesta jurídica clara y contundente”.
Desde la perspectiva de Ocampo tipificar el reclutamiento forzado y no forzado permitirá sancionar penalmente la conducta desde su fase inicial; protegerá de manera reforzada a niñas, niños y adolescentes conforme al principio de interés superior de la niñez; reconocerá jurídicamente la condición de víctima de quienes fueron incorporados bajo coacción o vulnerabilidad, fortalecerá las herramientas de investigación de la Fiscalía, atacar estructuralmente el crecimiento de organizaciones delictivas.