Por: Oliver Rosario Mariquez Ayala
La política fiscal es implementada cuando la economía de un país se encuentra en recesión o crisis. La finalidad es incentivar el consumo, la creación de empleos, la liquidez de las empresas y aumentar la inversión. Las dos vías de acción comúnmente identificadas son la flexibilidad fiscal y el aumento en el gasto público.
La flexibilidad fiscal consiste en reducir o perdonar la tasa impositiva del IVA (impuesto al valor agregado) o ISR (Impuesto Sobre la Renta), postergar las declaraciones fiscales, diferir los pagos de impuestos y aumentar el monto deducible de conceptos como las cuotas de prestaciones laborales. El resultado esperado por el gobierno es dar liquidez a las empresas para que puedan invertir y contratar más empleados, mientas la contingencia sanitaria termina y la dinámica económica se normaliza. Por el lado de los empleados o ciudadano común, lo que se busca es aumentar su ingreso disponible, incentivar su consumo y darles mayor liquidez para afrontar sus compromisos a corto plazo.
¿México podría usar la flexibilidad fiscal, perdonando los impuestos ante la crisis mundial por la pandemia COVID-19? Algunos columnistas han criticado en forma exacerbada que México no perdone impuestos como se ha hecho en ciertos países europeos y algunos latinoamericanos. Sin embargo, es necesario poner en contexto la realidad de nuestro país. Para tener los resultados esperados con la flexibilidad fiscal se debe tener altos porcentajes de formalidad, situación que en México no es así.
De acuerdo con los datos de la OCDE, el ingreso del presupuesto público por recaudación tributaria en México corresponde al 16 % del PIB, menor al 23% del promedio en América Latina y 34% de los miembros de la OCDE. De acuerdo con los datos del INEGI, 22.5% del PIB corresponde al sector informal y 56.7% de la ocupación laboral se encuentra en la informalidad. Por otra parte, más del 95% de las empresas del país están catalogadas como micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), las cuales generan el 72% de los empleos y 52% del PIB, de las cuales la mayoría también está en una situación de informalidad.
Es decir, en nuestro país recaudamos pocos impuestos y no todos pagan, un gran sector de nuestro país, no retiene IVA, no paga ISR y cuotas obrero-patronales. Por lo que una medida generalizada de flexibilidad fiscal no necesariamente beneficiaría al grueso de la población.
Del lado de los trabajadores, la mayoría no paga impuestos sobre lo que ganan (ISR), otros no pagan de acuerdo con su sueldo final, por lo que no disminuye su ingreso disponible para consumir. En nuestro país los alimentos y las medicinas no tiene IVA, los principales bienes consumidos en esta crisis sanitaria. Por lo que, una reducción en el IVA no tendría grandes consecuencias en el consumo para este tipo de crisis.
En resumen, los resultados que se podrían obtener con la flexibilidad fiscal no se conseguirían en México como se han conseguido en otros países, con altos porcentajes de formalidad y altas tasas impositivas. De acuerdo con la realidad mexicana, perdonar impuestos terminaría beneficiando en el corto plazo solamente a un sector minoritario de la población y en el largo plazo presionaría las finanzas públicas, así como los servicios que ofrece al estado al grueso de la población.
Tanto la flexibilidad fiscal como el aumento del gasto público dependen de la disponibilidad de recursos extras o del endeudamiento del país. La segunda vía de la política fiscal será abordada en una segunda entrega.