Al interior del Ayuntamiento de Morelia, se estaría ejerciendo principalmente mobbing laboral, una violencia sistemática que desencadenaría que la exjefa del Departamento de Orquestas Infantiles de la Secretaría de Cultura de Morelia, se decidiera a presentar, una denuncia penal en contra de Fátima Chávez Alcaráz y dos de sus colaboradores, por una serie de presuntos delitos que incluyen privación ilegal de la libertad
Morelia, Michoacán. – Mónica G. Sánchez Estrada, quien fungió como jefa del Departamento de Orquestas Infantiles de la Dirección de Vinculación Musical de la Secretaría de Cultura de Morelia, presentó una denuncia penal en contra de Fátima Chávez Alcaráz, Secretaria de Cultura de Morelia, Marisa Barbosa Serrato, Directora de Vinculación Musical, y Elizabeth Chávez González, Secretaria Técnica de la Secretaría, por una serie de presuntos delitos que incluyen privación ilegal de la libertad, acoso laboral, discriminación, violencia de género y violación de derechos humanos.
Sánchez Estrada, quien ingresó a la Secretaría de Cultura de Morelia el 10 de enero de 2022, detalla en la denuncia MOR/053/32363/2023, las presuntas acciones de acoso laboral y violación de derechos humanos que habría sufrido desde su ingreso a la institución.
Según su testimonio, la situación laboral comenzó a deteriorarse a partir de febrero de 2022, apenas unos días después de comenzar a trabajar, cuando Marisa Barbosa Serrato, su jefa inmediata y Directora de Vinculación Musical, habría comenzado a tratarla de manera déspota y prepotente, lo que resultó en un ambiente laboral hostil y violento.
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Sánchez Estrada afirma que, en busca de soluciones, trata de dialogar tanto con Marisa Barbosa como con Fátima Chávez Alcaráz, Secretaria de Cultura de Morelia. Sin embargo, alega que sus esfuerzos fueron en vano y que su situación laboral continuó deteriorándose, llegando incluso a su despido.
Argumenta además, que la queja formal que interpuso el 27 de abril de este año, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre la presunta violencia laboral, fue el punto culminante de esta situación y que su posterior despido sería una represalia directa.
“No sé si (Marisa) vio en mi capacidad en mi desempeño porque realmente yo me llevaba muy bien con mis compañeros, el programa que yo tenía era muy difícil y todos lo sabían, e incluso ella llegó a aceptar lo que ella sabía, que ese proyecto era un trabajo excesivo y sin embargo siempre usó que yo era una persona sin experiencia, que era mi primer trabajo y sin embargo yo lo levanté, lo estructuré y la gente de los centros comunitarios te lo puede confirmar”, comenta.
La denuncia penal presentada por Sánchez Estrada y en poder de Contramuro, incluye acusaciones de que durante el proceso de su despido se habrían cometido actos de privación ilegal de la libertad, ya que afirma haber sido retenida en una oficina de la Secretaría de Cultura, en contra de su voluntad y sometida a presiones para que firmara su renuncia.
También denuncia haber sufrido mobbing laboral, un tipo de acoso sistemático en el ámbito laboral, discriminación, violencia de género y violación de sus derechos humanos.
El 23 de junio pasado, Mónica fue llamada “con engaños” a una junta de trabajo pese a que ya no estaba siendo tomada en cuenta. A ella asisten compañeros de la dirección, dos mujeres que no se identificaron, Marisa y Elízabeth, “nos hablan para entrar a la junta en la oficina de Fátima entonces yo con este nerviosismo y está ansiedad que tenía les pregunté como en cinco ocasiones en este caso a Elizabeth, la Secretaria técnica, que si estaba segura, que si yo también tenía que entrar porque ya no me estaban tomando en cuenta para las juntas, y me contestó que sí”, precisa.
“En cuanto llegamos cierran la puerta y Marisa quiere hablar, pero se notaba visiblemente nerviosa, si me preguntas que dijo, no lo recuerdo porque no logro hilar nada entonces. Liz le arrebata la palabra y me dice -bueno Moni, como ya te habíamos dicho ya no trabajas aquí, el día 15 fue tu último día, estás dada de baja y queremos tu relevo institucional, está firmado por Fátima, vamos a pasar una copia-, me entregan la copia que está firmada por Fatima en la que hablan de un artículo que ni siquiera existe, hablan del artículo 36 de la Secretaría de cultura de la Secretaría de Cultura de los servidores públicos y me piden que firme, nuevamente mi amedrentan, nuevamente me amenazan para conseguir la firma”, agrega para explicar en que consistió la retención ilegal de la que fue objeto.
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“Estas dos mujeres que estuvieron ahí se portaron de manera deplorable, intentando amenazarme, queriendo infundir miedo de qué si no lo hacía entonces iba a incurrir en faltas administrativas y que tenía que hacerlo ese mismo día, entonces empiezan estas dos mujeres, Elizabeth y Marisa, y todas, que tenía que firmar, entonces eran voces por todos lados que me decían que no me perjudicara, y que no lo hiciera ya más cansado. Yo les comento que no, que no les voy a firmar, que quiero hacer una llamada. Me empiezan a cuestionar que a quien voy a llamar, qué qué voy a ganar, y les repito que yo necesito hacer una llamada y que me permitieran hacerlo, y que regresaba. Eso lo comenté en seis o siete ocasiones y no me permitían salir, no me permitían la salida, hasta que empecé a sufrir un ataque de ansiedad, se me empezó a nublar de la vista y ya no entendía lo que me estaban diciendo”, relata.
Mónica continuó yendo a laborar hasta ese 23 de junio, luego de poder salir de la oficina donde fue retenida, para posteriormente ser resguardada en un negocio ubicado en la planta baja de la Secretaría, finalmente fue dada de baja ocho días antes, pero sin ser notificada de manera formal.
Contramuro dio conocer, denuncias que señalan la violencia laboral que ejerce Barbosa Serrato en contra de sus colaboradores, además del nepotismo que Chávez Alcaráz estaría generando con la contratación de Rodrigo Aguirre Alcáraz, su primo hermano, como jefe de la unidad de ciudades creativas.
Ante estas acusaciones, las autoridades correspondientes estarán a cargo de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la veracidad de los hechos y tomar las acciones legales necesarias.
El caso destaca la importancia de garantizar ambientes laborales seguros y respetuosos, así como la protección de los derechos humanos de los trabajadores en todas las instituciones y ámbitos, como ha destacado y reiterado el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quién además sea autodenominado un defensor de los derechos de las mujeres e impulsor para que este sector, cuente con espacios públicos que funjan como resguardo de las mujeres que son violentadas.