Morelia, Michoacán.- “No puede haber punto final en lo que tiene que ver con la corrupción que ha vivido nuestro país. Se debe someter a la Ley a todos los funcionarios que estén o hayan cometido actos de corrupción en cualquier nivel, ya sea estatal, municipal o federal”, expuso el presidente del Comité Directo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez.
El político destacó que una de las principales banderas en campaña del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue justamente la de acabar con la corrupción y los corruptos. Lo que dista de las declaraciones que hace en su toma de posesión cuando señaló que la corrupción se combatirá a partir de que es presidente y con sus funcionarios y no los que ya pasaron por las anteriores administraciones.
Ahí, hizo énfasis en que no se debe permitir que sea por medio de una consulta ciudadana que se decida si se juzga o no a los que llamó “corruptos”, al mencionar que la Ley no puede estar a la espera de una consulta de nadie, pues de lo contrario se deja entrever que la Ley está ahora, a voluntad de un individual que es el presidente de la República y su aplicación no depende de jueces y procesos, sino de la voluntad de una sola persona.
“La ley es la ley y se aplica. Los gobernantes están obligados a cumplir con la Constitución y con la ley. Si la Constitución y la ley dicen que quien distrae recursos públicos sea sometido a un proceso y juzgado y llevado a la cárcel se tiene que aplicar, no se puede consultar a nadie el aplicar o no aplicar la ley. Es gravísimo -que la ley esté a expensas de una sola persona- no existe en ningún país con Estado de Derecho que la ley se sujete a una persona, solo se hace en las dictaduras y no en un país democrático como México”, argumentó.
Asimismo, insisitó en que el PRD dice “no” al “borrón y cuenta nueva y al punto final”, pues a su consideración, se debe combatir la corrupción con los funcionarios de ahora y los que ya estuvieron en las distintas esferas de poder y que hayan violentado la ley.
Finalmente, respaldó la postura del gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, para interponer una controversia constitucional por la figura del “superdelegado” que dijo, podría violar las atribuciones propias del mandatario estatal. Y coincidió en que Roberto Pantoja Arzola, quien tiene ese cargo no ha sido legitimizado pues no cuenta con ningún nombramiento.
Además, concordó con el gobernador Aureoles en que Pantoja Arzola no debe ser invitado a las reuniones y mesas de seguridad, toda vez que no ha pasado los exámenes de control y confianza como se mandata y no está dentro de las atribuciones que se concedieron cuando se aprobó la figura en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Refirió que en esas reuniones se tratan temas que son delicados.