Propietarios del Club Campestre Morelia denuncian presiones y restricciones de acceso para exigir el pago de una cuota extraordinaria de 16 mil pesos que permanece impugnada ante tribunales.
Morelia, Michoacán.- Propietarios del Club Campestre Morelia exigieron a la Mesa Directiva cesar cualquier medida de presión o restricción relacionada con el cobro de una cuota extraordinaria de 16 mil pesos destinada al proyecto El Cerro, cuya legalidad permanece bajo disputa judicial desde hace dos años.
A través de un manifiesto entregado este jueves al Consejo de Administración, los inconformes señalaron que el conflicto involucra a una comunidad integrada por alrededor de 270 copropietarios y advirtieron que, pese a que el litigio continúa sin sentencia firme, algunos vecinos habrían enfrentado restricciones para ingresar al desarrollo por los accesos comunes.
El documento está dirigido al presidente del Consejo de Administración, Marco Antonio Rosales Herrera, y sostriene que la controversia surgió luego de que la Asamblea General aprobara una cuota extraordinaria de 16 mil pesos para financiar el proyecto denominado El Cerro.
Sin embargo, diversos propietarios impugnaron el acuerdo al considerar que existieron irregularidades en su aprobación, entre ellas cuestionamientos sobre el quórum, el uso de poderes, la falta de información suficiente sobre el proyecto y la ausencia de elementos técnicos que permitieran valorar adecuadamente la inversión propuesta.
A partir de ello, varios condóminos acudieron a los tribunales para solicitar la revisión de la legalidad del acuerdo.
Los firmantes enfatizan que el procedimiento judicial sigue abierto y que actualmente no existe sentencia firme, resolución ejecutoriada ni cosa juzgada que valide de manera definitiva la obligación de pago.
Pese a ello, denuncian que durante mayo fueron emitidas comunicaciones dirigidas a propietarios inconformes que interpretaron como mecanismos de presión para forzar el pago de la cuota.
La situación, agregan, escaló el pasado 4 de junio, cuando diversos condóminos reportaron restricciones de acceso al desarrollo a través de las casetas comunes.
Para los propietarios, la administración está excediendo sus facultades al intentar resolver mediante medidas administrativas un asunto que continúa bajo análisis judicial.
“La Mesa Directiva administra. La Mesa Directiva representa. La Mesa Directiva ejecuta acuerdos válidos. Pero la Mesa Directiva no sustituye a los tribunales”, señala el manifiesto.
Los inconformes sostienen que el Consejo de Administración no puede convertirse en juez de una controversia que se encuentra sub judice ni suspender derechos inherentes a la condición de copropietario.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el acceso a las áreas comunes. Los firmantes argumentan que dichas áreas pertenecen a la totalidad de los propietarios y no a un grupo específico ni a una mayoría circunstancial.
“Todos somos copropietarios de las áreas comunes. Todos participamos de la misma condición jurídica. Todos nos encontramos protegidos por el principio constitucional de igualdad”, exponen.
Por ello, rechazan que existan propietarios con derechos plenos y otros con derechos restringidos únicamente por mantener una posición jurídica distinta dentro del litigio.
En el documento exigen el cese inmediato de cualquier práctica de presión, hostigamiento o intimidación vinculada con la cuota extraordinaria; la garantía irrestricta de acceso para todos los propietarios y sus familias; respeto al derecho de defensa de quienes participan en los procesos judiciales; observancia de los principios de legalidad e igualdad, y que cualquier actuación futura de la Mesa Directiva se limite a las facultades exrpresamente previstas por la ley.
Los condóminos concluyen con un llamado para que el conflicto regrese al ámbito de los tribunales y no se traslade a las casetas de acceso o a medidas de carácter administrativo.