Francisco Lemus | Twitter: @PacoJLemus
La gestión del riesgo y los conflictos se ha vuelto desde hace algunas décadas, la principal función de los políticos, a veces incluso rebasando las posibilidades reales de su acción. Entre estos riesgos pueden figurar los desastres mal llamados naturales y, desde luego, los conflictos de índole económica y social, con sus claros matices políticos.
Los “desastres naturales”, como bien señalan los especialistas en el tema, son realmente desastres construidos socialmente, que eventualmente algún factor natural, como una lluvia atípica, un huracán o incluso un terremoto, acaban por desencadenar. El problema ya estaba ahí, ya sea porque la gente es orillada a vivir en zonas de riesgo, o simplemente se es negligente a ello.
Ante tales situaciones, quienes detentan cargos públicos deben tomar decisiones que buscan priorizar y crear el menor daño. ¿El menor daño para quién?, siempre es una pregunta válida. Generalmente se prioriza la economía, es lo políticamente aceptado, aunque no es algo que se acostumbre presumir.
Por ello, en buena medida existen los secretos de Estado, cosas que no se ventilan, pero que los políticos aseguran: son las decisiones pertinentes. Siempre hay ganadores y perdedores, y ya a nadie extraña que los perdedores sean siempre los mismos.
La decisión del presidente de dar a conocer una decisión de este tipo, priorizando la seguridad de una capital sobre la de un grupo de comunidades marginadas, parece totalmente desatinada, incluso desalmada, aunque todos los anteriores hayan hecho exactamente lo mismo, sólo que teniendo la delicadeza de no darlo a conocer.
Sea como sea, no se puede justificar no haber tomado precauciones necesarias si finalmente se iba a tomar una decisión que costaría vidas. ¿Quién consideraría racional y aceptaría de buena gana perder su patrimonio, una vida de trabajo, incluso una vida en el sentido literal, sólo para salvaguardar el bienestar de un centro económico regional?
No es para nada sorprendente que haya quien cuestione tal decisión y el poco tacto de darla a conocer. Así mismo, en general todos los países, sobre todo los enteramente capitalistas, juegan con el destino y la vida de sus ciudadanos en aras de no dejar que sus economías sucumban y evitar medidas más restrictivas en torno a la pandemia del Coronavirus.
El gobierno mexicano no sólo hace malabares con estas situaciones catastróficas, también lo hace con el conflicto que le significa la oposición política. Y ante la radicalización de las posturas de grupos marcadamente ultra derechistas como el denominado FRENAA, no puede perder el apoyo del ejército, cuyos altos mandos son parte central de las elites nacionales.
Por ello, aunque en ese caso sí se cuide más celosamente el secreto de Estado, el presidente no tenía más opción que cuidar la espalda, por más sucia que esté, del que en algún momento fue el máximo líder de este grupo.
El proceso de Salvador Cienfuegos en EEUU era el equivalente a juzgar a un ex presidente, pero a diferencia del presidente, un general cuenta con el respaldo incuestionable de todos sus subalternos. Eso sin mencionar que el ejército mexicano es en última instancia, el aliado más cercano de las agencias estadounidenses que operan secreta o abiertamente en México.
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En un tema se abre -tal vez incluso de más- la boca, mientras que en el otro se procura resguardar tan fielmente como sea posible el secreto, en ambos casos el presidente intenta mantener equilibrios muy precarios, que probablemente no le sirvan de mucho cuando su turno haya concluido.