El Senado mexicano aprueba la Ley General de Feminicidio para unificar criterios y mejorar la justicia para las víctimas.
El Senado de la República ha dado luz verde por unanimidad a una reforma constitucional que allana el camino para la creación de la Ley General de Feminicidio en México. Con 109 votos a favor, el pleno aprobó cambios al artículo 73 de la Constitución, una iniciativa liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El objetivo es establecer criterios uniformes a nivel nacional para enfrentar este delito.
La propuesta, enviada al Senado el 31 de marzo, avanzó sin oposición y ahora se dirigirá a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
Si se aprueba completamente, permitirá al Congreso de la Unión promulgar una legislación general que unifique la prevención, investigación y sanción del feminicidio en México.
Reforma constitucional para enfrentar la dispersión legal
Durante el debate, los legisladores coincidieron en que el sistema actual presenta una dispersión normativa entre las entidades federativas, lo que ha generado diferencias en la tipificación del feminicidio y las sanciones aplicables.
Esta falta de uniformidad ha complicado una respuesta coordinada de las autoridades y, en ciertos casos, ha favorecido la impunidad.
La reforma busca corregir estas inconsistencias, estableciendo las bases para una legislación general que obligue a todas las autoridades a operar bajo los mismos estándares.
Homologación de criterios en todo el país
Con esta modificación constitucional, el Congreso podrá definir parámetros mínimos obligatorios para todas las entidades. Estos incluyen la tipificación del delito, las agravantes, las sanciones y los protocolos de actuación.
Senadoras y senadores subrayaron que esto permitirá que cualquier caso de feminicidio sea investigado bajo criterios similares, sin importar dónde ocurra, representando un paso hacia una justicia más equitativa.
Acceso a la justicia y fortalecimiento institucional
Uno de los objetivos principales es asegurar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas. La futura ley también busca fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como mejorar los estándares de investigación con perspectiva de género.
Además, se propone que las fiscalías actúen de manera homogénea y transparente, lo que ayudaría a reducir la discrecionalidad en la investigación de estos delitos.
La iniciativa también se enfoca en las consecuencias sociales del feminicidio, especialmente en atender a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad, enfrentando afectaciones emocionales, económicas y sociales.
La legislación prevé garantizarles acceso a servicios de salud, educación, apoyo psicológico y mecanismos de reparación del daño, reconociendo la obligación del Estado de brindarles protección reforzada.