La Suprema Corte (SCJN) reafirma su compromiso con la austeridad al decidir no utilizar las camionetas blindadas adquiridas recientemente.
Ciudad de México.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reafirmado su decisión de no utilizar las camionetas blindadas recientemente adquiridas, en respuesta a la controversia generada por su elevado costo y en contraste con los llamados a la austeridad.
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, declaró en una conferencia de prensa el lunes 26 de enero de 2026 que los ministros están comprometidos con la austeridad y enfatizó que la seguridad no debe confundirse con el lujo.
“Entendemos el cuestionamiento que se está haciendo, yo sí quisiera dejar claro que seguridad no implica lujo, seguridad no implica, pues, asumir que estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario”, afirmó.
“En diálogo con los ministros y ministras hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos. Afortunadamente no tenemos alguna noticia de riesgos de seguridad de los ministros y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad”, añadió.
Aguilar Ortiz explicó que la compra de estos vehículos fue recomendada por motivos de seguridad. Además, mencionó que los ministros que dejaron sus cargos en septiembre pasado se llevaron cuatro camionetas como parte de su retiro.
“En la anterior integración tomaron acuerdo que como parte de su haber de retiro podían llevarse su vehículo mediante compra”, indicó.
El presidente de la Suprema Corte subrayó que la política de austeridad no es simbólica.
“La austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado ni el cumplimiento de las funciones constitucionales (…) La Corte actúa con plena independencia y autonomía”, enfatizó.
Este anuncio llega tras la polémica por la compra de camionetas blindadas de la marca Jeep, cada una valuada en 1,7 millones de pesos, para los nuevos integrantes del tribunal, elegidos en junio de 2025. El Tribunal justificó la compra con opiniones técnicas que señalaron que los vehículos en uso ya no cumplían con los estándares de seguridad adecuados.
La Corte aseguró que la renovación se realizó conforme a una normativa interna vigente desde 2019, que estipula la sustitución de vehículos cada cuatro años o antes si las condiciones lo requieren, y que el proceso se llevó a cabo en paralelo a una reducción del parque vehicular para evitar gastos adicionales.