Carlos Torres Piña, mientras estuvo al frente de la FGE Michoacán, no investigó nexos narco alcaldes y ahora delega la responsabilidad a las autoridades electorales.
Morelia, Michoacán.- Mientras estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña no impulsó investigaciones públicas contra alcaldes señalados por presuntos vínculos con grupos del narco, pese a que las acusaciones no son recientes y han sido expuestas de manera recurrente en distintos momentos.
Ahora, como aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán en 2027, el exfiscal trasladó la responsabilidad a las autoridades electorales y aseguró que serán el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) los encargados de revisar posibles nexos de aspirantes con la delincuencia organizada.
Las declaraciones de Torres Piña surgieron luego de ser cuestionado por señalamientos publicados en una columna de “El Universal”, donde se mencionan a los alcaldes de Turicato, Huetamo y Tacámbaro vinculados a Audias N., “El Jardinero”, exintegrante del tridente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue detenido y actualmente se encuentra preso en el penal federal del Altiplano.
Sin embargo, durante su periodo como titular de la FGE, las denuncias sobre posibles relaciones entre autoridades municipales y organizaciones delictivas ya formaban parte de la agenda pública de seguridad en Michoacán, sin que se conocieran acciones contundentes derivadas de esos señalamientos.
Ante los cuestionamientos, Torres Piña evitó asumir una postura sobre los alcaldes señalados y afirmó que corresponde a otras instancias determinar si existen elementos para investigar.
“Sí, primero sobre el tema de esta columna que salió en El Universal, si mal no recuerdo, donde señala a algunos alcaldes de aquí del estado como presuntos, como posibles, tiene que dársele seguimiento por supuesto por la autoridad que tenga que ver con las informaciones de alguna incidencia o alguna investigación sobre el tema en particular”, declaró, y agregó: “Será la propia autoridad la que lo establezca y lo determine en ese sentido”.
El posicionamiento contrasta con su responsabilidad anterior como fiscal estatal, cargo desde el cual la institución tenía facultades para iniciar investigaciones cuando existieran indicios sobre la posible comisión de delitos, incluidos aquellos relacionados con la delincuencia organizada.
Las acusaciones contra autoridades municipales por presuntos vínculos con grupos criminales no son un fenómeno nuevo en Michoacán, ya que, durante años, distintos sectores políticos, sociales y de seguridad han advertido sobre la presión que ejercen los grupos delictivos sobre gobiernos locales.
Incluso el propio Torres Piña reconoció la vulnerabilidad de los municipios frente al crimen organizado, aunque centró su postura en la necesidad de fortalecer las capacidades operativas de los ayuntamientos.
“Por supuesto que el municipio en materia de seguridad siempre es el eslabón más débil, la línea más delgada, porque muchas veces son rebasados por un estado de fuerza y un estado de fuego más amplio, y me refiero por la delincuencia organizada”, señaló.
El aspirante morenista sostuvo que debe existir coordinación entre las instituciones de seguridad y los gobiernos municipales, además de responsabilidades para quienes encabezan las alcaldías.
“Creo que debe haber un acompañamiento de las diferentes áreas de seguridad hacia los municipios, pero también las autoridades municipales tienen que asumir ciertos compromisos y ciertas responsabilidades”, expresó.
Torres Piña también destacó la importancia de fortalecer a las policías municipales mediante recursos públicos, capacitación y certificaciones.
“El Fondo IV tiene que ser exclusivo para que los policías municipales estén capacitados, acreditados, certificados, tengan sus exámenes de control y confianza, estén equipados, cuenten con las herramientas necesarias para que puedan hacer frente al tema preventivo, principalmente”, dijo.
No obstante, al abordar la responsabilidad política de evitar que personas vinculadas con organizaciones criminales lleguen a cargos de elección popular, el exfiscal señaló que serán los organismos electorales quienes deberán realizar las revisiones correspondientes.
“Algunos luego por gusto, luego otros por obligación se involucran en estos hechos y es parte también de este planteamiento que se hizo por parte de la doctora Claudia que afortunadamente aquí en Michoacán también se logró legislar para que dentro de los procesos hubiera una comisión en el INE a nivel federal para la revisión de expedientes y evitar futuras situaciones de vinculación con delincuencia organizada”, afirmó.
Añadió que la reforma electoral aprobada en Michoacán contempla una revisión similar a nivel local.
“Aquí en Michoacán, en la reforma que se hizo electoral, afortunadamente también se logró incorporar que esta comisión en el local, a través del IEM en vinculación con el INE, se realice en este tipo de ejercicios para evitar cualquier tipo de situaciones hacia una futura determinación en ese tipo de señalamientos y acciones”, puntualizó.
Carlos Torres Piña, quien encabezó la FGE antes de buscar la candidatura de Morena, dejó en manos de las autoridades electorales la revisión de posibles vínculos criminales entre aspirantes, pese a que durante su gestión como fiscal las denuncias sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales ya formaban parte de la discusión pública en Michoacán.