alfonso solorzano
Foto: Cortesía

La reciente aprobación de la iniciativa de la llamada “ley de seguridad interior” por parte de la cámara de diputados del congreso de la unión, sin lugar a dudas ha causado polémica no solo entre los legisladores adversos a la mencionada propuesta sino también en distintos sectores de la sociedad mexicana.

Y es que realmente la señalada iniciativa implica el hecho de facultar al poder ejecutivo con la capacidad de dictaminar zonas de “amenazas a la seguridad interior” para el despliegue de las fuerzas armadas con tal de “respaldar el orden” en el lugar donde supuestamente se está generando la “amenaza”, cuando el ejecutivo así lo considere. También la mencionada iniciativa faculta a las fuerzas armadas con el uso de la fuerza que consideren necesario para “recuperar” el orden, sin precisar qué elementos se utilizarán para evaluar este uso de la fuerza, lo cual deja a pleno arbitrio de los miembros de las fuerzas armadas el cómo actuar durante la situación de emergencia, sin que además se contemple alguna sección referente a rendición de cuentas.

A manera resumida la iniciativa pretende incrementar, aún más, las facultades militares del poder ejecutivo para que dictamine en qué momentos se puede utilizar un intento de “estado de excepción” que le dé a las fuerzas armadas uso prácticamente indiscriminado y arbitrario de la fuerza para garantizar la “seguridad”.

Desde luego ya la iniciativa fue repudiada por buena parte de los partidos de oposición, quienes manifestaron que en realidad la iniciativa pretendía una militarización completamente desequilibrada del actual panorama nacional.

Es muy visible que la sustancia fáctica que envuelve a esta iniciativa, es incrementar el uso de la fuerza bruta para supuestamente mejorar la seguridad nacional. Sin embargo ya es bastante notable que tales estrategias de combate militarizado y directo contra el crimen organizado, no han funcionado, principalmente debido a que el combate contra el elementos del hampa tendría que ser sobre todo con policías y grupos de inteligencia, ello debido a que las fuerzas armadas, están capacitados para la realización de otro tipo de tareas.

Justamente lo que tendría que buscarse es una iniciativa que buscara la formación de una policía capacitada para combatir el crimen organizado, así como una descentralización administrativa de la misma, y también que procure combatir de manera financiera a las distintas bandas delictivas del narcotráfico y resto del crimen organizado.

Tristemente ni el ejecutivo ni los diputados que respaldan la propuesta parecen tomar en cuenta tanto los análisis de seguridad de los últimos años así como las distintas cifras que muestran un aumento en el desgaste psicológico de los miembros de las fuerzas armadas desde que comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, debido a que en primer lugar los análisis han demostrado que la forma en la que se lleva la estrategia de combate al crimen organizado no ha generado efectos reales en la disminución de la presencia de mafias en el territorio nacional y únicamente ha disparado una violencia sin precedentes. En segundo lugar, las propias fuerzas armadas de manera indirecta y sutil pero reiterada han señalado que sus miembros no fungen como policías, sino que están capacitados para otro tipo de tareas.

Las fuerzas armadas y las distintas fuerzas policiacas tienen funciones diferentes, en lugar de querer usar a las primeras para que suplan la tarea que le tendría que corresponder a las segundas, el gobierno federal debería, capacitar a las policías correspondientes para que cumplan de manera eficaz con sus respectivas tareas, entre ellas el combate a la delincuencia.

Ciertamente la aprobación de una iniciativa como la que se está presentando ahora en el senado, únicamente incrementará aún más las posibilidades de que las fuerzas armadas se presten a generar violaciones al debido proceso e incluso a los principios de los Derechos Humanos garantizados en la constitución.

Al final ello no le conviene ni a la sociedad, debido a que el problema de la inseguridad tanto física como jurídica se mantendrá igual, o hasta podría incrementar, ni tampoco convendría a las fuerzas armadas, ya que tanto el ejército y la marina estarían siendo presionadas jurídicamente tanto a nivel nacional como internacional para evitar impunidad en alguna supuesta violación del debido proceso, lo cual solo tensaría más las ya de por sí ríspidas relaciones entre las fuerzas armadas y la sociedad.