La creciente ola de violencia política en Michoacán marca un desafío inminente para la seguridad electoral.
Terror electoral
Entre los actores políticos de Michoacán existe preocupación profunda sobre las condiciones en que se desarrollará el proceso electoral en sus etapas de mayor intensidad: las campañas y la jornada electoral.
Lo ocurrido el lunes en Maravatío con los asesinatos de los precandidatos Miguel Ángel Reyes Zavala de Morena y Armando Pérez Luna del PAN, es un escenario sobre el que los partidos políticos venían alertando, tanto en declaraciones públicas como en la Mesa de Gobernabilidad instalada desde septiembre pasado para este proceso electoral.
Más de carácter político, dicha Mesa de Gobernabilidad encabezada por las autoridades estatales se ha desarrollado a puerta cerrada, marcando distancia de la población y con poca capacidad de respuesta, hecho que ha sido evidenciado por algunos de sus participantes, uno de ellos Antonio Plaza Urbina, dirigente del partido estatal; Michoacán Primero.
Hasta el momento la Mesa de Seguridad que debe generarse bajo los protocolos establecidos por el Instituto Nacional Electoral no ha sido instalada en Michoacán, lleva cinco meses de retraso.
Las dirigencias partidistas han venido denunciando amenazas contra sus aspirantes por parte de la delincuencia organizada. Apenas el pasado jueves el Partido Encuentro Solidario insistía que seis de sus precandidatos habían tenido que desistirse de participar por los amagos criminales. Del PRI suman cuatro, según lo reportado ayer martes por Guillermo Valencia.
El tema no es menor, tomando en cuenta que desde que inició el proceso electoral 2023-2024, los hechos de violencia se han multiplicado entre la clase política michoacana. El 24 de septiembre de 2023 la alcaldesa panista de Cotija, Yolanda Sánchez fue secuestrada; el tres de enero de 2024 el legislador federal perredista, Mauricio Prieto fue víctima de un atentado; ese mismo mes, el día once, Miriam Ríos Ríos comisionada municipal en Jacona de Movimiento Ciudadano, fue asesinada a tiros; cuatro días después, el legislador federal panista por Zamora, Enrique Godínez del Río fue privado de su libertad en Carapan y despojado de su camioneta.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al momento de calificar la elección a gobernador de 2021 en Michoacán, reconoció la operación de grupos delicuenciales en el estado buscando incidir en la contienda, sin embargo, para entonces los magistrados consideraron que tal intervención no había sido generalizada ni determinante en el resultado de las elecciones.
Fue ahí que la Sala Superior ordenó al INE establecer un protocolo de seguridad para elecciones que debe ser aplicado tanto en contiendas locales como federales. Ese es el protocolo que no ha sido puesto en marcha hasta el momento en el estado, a través de una Mesa de Seguridad Electoral.
En las elecciones de 2020-2021 -que para entonces se calificaron como las más grandes del país por la concurrencia entre lo locales y lo federales en el país- la consultora Etelleckt que se enfocó a llevar un recuento sistematizado al respecto, reportó un total de 102 políticos asesinados en todo el país, de ellos 36 eran aspirantes o candidatos a distintos cargos.
Tras lo acontecido en Maravatío, el recuento de algunos medios como El Universal es de 14 políticos asesinados en el país durante este proceso electoral. Pese a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró a dos días de que arranquen las campañas que “no hay nada que temer”.