Este sábado la comunidad purépecha de Acachuén, acusó falta de diálogo con el Gobierno de Michoacán a diez días de ataque armado que cobró la vida de dos adultos mayores.
Morelia, Michoacán.- Habitantes de Acachuén y de comunidades que integran la Cañada de los Once Pueblos, denunciaron este sábado falta de diálogo con el Gobierno de Michoacán, a diez días del ataque armado perpetrado por hombres armados que cobró la vida de dos adultos mayores.
En rueda de prensa desde su comunidad y transmitida en redes sociales, se dio lectura a un posicionamiento en el que recuerdan que Acachuén fue víctima de un ataque armado por parte del crimen. El día 6 de mayo, dos personas fueron asesinadas, una más está herida, y recuerdan que desde ese momento se solicitó a las autoridades estatales acudir y brindar atención, lo que hasta el momento no ha ocurrido, “ningún funcionario o autoridad se ha presentado”.
Puntualizaron que la comunidad no acudirá a negociar a Morelia por su propia seguridad, y al gobernador le refirieron que “aquí, en la localidad, está el conflicto y persiste la amenaza, aquí se requiere que se presente usted y el secretario de Gobierno para que inicie una mesa de negociación donde se garantice la vida de todas y cada una de las y los comuneros de Acachuén”.
Exhortaron al gobernador a hacer su trabajo y garantizar el derecho humano a la seguridad en el estado.
“Lo que solicitamos no son lujos ni privilegios. Es un derecho que tenemos como ciudadanos: vivir plenamente con nuestras familias, no solo en nuestras comunidades indígenas, sino en todo el territorio michoacano”.
Los comuneros efectuaron diferentes exigencias a servidores públicos. Al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, le demandaron acudir a la comunidad a resolver los temas de gobernabilidad y que no cite a los comuneros en su despacho; “que garantice aquí nuestra seguridad y la atención a víctimas; que resuelva las violaciones a derechos humanos de la comunidad, además de garantizar mecanismos de protección para todas las personas en riesgo. Le exigimos implementar un mecanismo de protección colectivo”.
A José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública del Estado, le requirieron asistir a coordinar y acordar con la comunidad, a nivel regional, las tareas de las fuerzas de seguridad pública, “así como iniciar las investigaciones por el proceder inadecuado de la policía municipal. Además, que brinde todas las facilidades que requiere nuestra ronda comunitaria y el fortalecimiento de la seguridad comunal en la región”.
En el caso del fiscal del Estado, Carlos Torres Piña, le exigieron que dé seguimiento urgente a las carpetas de investigación de las víctimas y que acompañe las denuncias de la comunidad para garantizar la reparación del daño y la justicia en este y otros casos pendientes.
A Jorge Gómez Ramírez, comisionado estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la exigieron que acuda de manera inmediata a la comunidad, “pues su instancia debe atender en la región y en las localidades las demandas de las comunidades; que abra mesas de negociación y busque rutas de resolución inmediata”.
En el caso de la diputada local, Eréndira Isauro Hernández, demandaron que la Comisión de Derechos Indígenas que preside “haga su trabajo; que acuda y promueva mesas de negociación; que lleve los temas de seguridad y los derechos de los pueblos indígenas al Congreso estatal y demande la atención de las instancias correspondientes”.
Por lo que toca a la senadora Celeste Ascencio Ortega, le exigieron “que deje atrás los discursos y haga su trabajo, acompañando y ejerciendo sus responsabilidades desde la Comisión de Derechos Humanos, demostrando que apoya los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, que haga un llamado a las dependencias federales correspondientes para la atención urgente de esta crisis”.
Finalmente, para Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la exigencia es para que el Plan de Justicia sea real: “Demandamos que dejen de utilizar los recursos públicos para dividirnos y no atender con urgencia los problemas más agudos y complejos que viven nuestras comunidades. Que acuda con su personal responsable del Plan de Justicia Michoacán para dar solución inmediata a nuestras demandas”.