En caso sobre su presunta inhabilitación por 20 años para ejercer cargos públicos, acusa Juan Carlos Barragán motivos políticos.
Morelia, Michoacán.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez acusó motivos políticos sobre la inhabilitación que le impusiera el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del estado (TAAM), para ejercer cargo público durante 20 años.
El legislador morenista, apuntó que la sentencia no está en firme y la combatirá por las vías legales a su disposición.
“La resolución administrativa que recientemente se dio a conocer en mi contra en medios de comunicación no es una sentencia firme ni definitiva, y será combatida por las vías legales correspondientes. Además, resulta importante señalar que este asunto ya había sido atendido con anterioridad, al corresponder la supuesta falta a hechos ocurridos hace más de siete años. Sin embargo, de manera inexplicable fue reactivado, hoy observamos cómo se intenta construir una narrativa política a partir de una resolución de primera instancia”.
El caso se relaciona con el Programa Beca Futuro, cuando Barragán Vélez se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social en 2018, y habría autorizado un monto por 5.6 millones de pesos sin la aprobación del Comité Técnico del programa.
-Se habla de que tienes que pagar cinco millones por daños y perjuicios, ¿qué hay de lo que ocurrió en este tema de Beca Futuro? ¿cuál fue tu actuación?
“La propia resolución sostiene, entre otros argumentos, que determinadas asociaciones civiles no se encontraban legalmente constituidas. Sin embargo, es un hecho público y documentado que desde el gobierno de Fausto Vallejo dichas agrupaciones recibían recursos y becas como parte de programas institucionales”.
“Recordemos a Delfino Paredes y a la maestra Teresa Mendoza, quienes incluso realizaban movilizaciones y presiones. Se pagaron becas para hijos de policías o para jóvenes de comunidades modelo que en aquel entonces eran atendidas”.
Consideró contradictorio que hoy se pretenda utilizar ese argumento para fincar una responsabilidad. “Nosotros tenemos la razón jurídica y contamos con pruebas suficientes para demostrarlo.
“La resolución será impugnada porque la sentencia no está firme, de entrada, porque fue dictada sin resolver incidencias procesales pendientes relacionadas con la recusación de la magistrada, es decir, no se resolvió el tema de la recusación.
“También porque no existe una sola prueba de enriquecimiento personal; porque no existe evidencia de apropiación de recursos públicos; porque no se acreditó que un solo peso ingresara a mi patrimonio; porque tampoco se demostró un destino distinto de los recursos del programa Beca Futuro; porque no fueron valoradas integralmente las pruebas de descargo; porque se construyó una responsabilidad a partir de observaciones de auditoría y no de pruebas plenas de desvío; y porque la sanción impuesta resulta claramente desproporcionada. Yo confío plenamente en las instancias superiores, que habrán de revisar el expediente con objetividad, apego a derecho y respeto al debido proceso. La verdad está de nuestro lado”.
Explicó que él solicitó la recusación de la magistrada Swany Peña Reyes para conocer del caso, esto por ser esposa del diputado Juan Pablo Celis: “es evidente que existen elementos que ponen en duda la imparcialidad con la que se condujo este procedimiento, ella es esposa de Celis, persona con quien hemos sostenido diferencias políticas e incluso contra quien hemos presentado denuncias formales. Precisamente por esa razón solicitamos oportunamente que la magistrada se excusara y que el asunto fuera conocido por una autoridad distinta. Nuestra petición fue ignorada”.
La noticia sobre su inhabilitación se da a conocer dos días antes del registro de Raúl Morón Orozco en el proceso de Morena para la definición del coordinador para la Defensa de la 4T en Michoacán, lo que a juicio de Juan Carlos Barragán –que forma parte del grupo del senador con licencia- busca continuar con el golpeteo político.
“Este tema es meramente una consigna político-electoral por parte del gobierno del estado, yo formo parte del equipo del senador Raúl Morón, a él lo han querido perversamente involucrar en el caso de Carlos Manzo, y ahora lo quieren afectar conmigo, por el respaldo que he dado a sus aspiraciones. Sin embargo, quiero decir con mucha firmeza que esta determinación no me va a apartar del camino ni me va a detener, como algunos pretenden. Voy a defender mi nombre, mi honor y mi trayectoria en todas las instancias legales que sean necesarias”.
Recalcó que los tiempos en los que se emite la resolución, el contexto político que vive Michoacán y las circunstancias que rodean este caso permiten advertir “una clara intención de afectar mi participación política. Hay una consigna en mi contra por parte del grupo político del gobernador, del propio Fiscal y del secretario de Finanzas, y de ello no tengo ninguna duda, su intención es eliminarme de la contienda, ya que soy quien encabeza todas las encuestas”.
De acuerdo con el legislador él no busca actos de impunidad, “este tema estaba prescrito. Lo que hizo la Contraloría Estatal fue reclasificarlo y decretarlo como una falta especialmente grave, con lo que ya no pierde vigencia. Obviamente es una revancha política, una consigna del gobernador Bedolla en contra nuestra. El objetivo es eliminarnos del proceso electoral y también agredirnos política y mediáticamente para disminuir nuestra presencia y mermar nuestro liderazgo”.