El desplazamiento forzado en Apatzingán sigue sin atención adecuada así lo señalan colectivos que a su vez acusan que las autoridades incumplen protocolos, agravando la crisis humanitaria.
Ciudad de México.- El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y Organizaciones Acompañantes acusó a los tres órdenes de gobierno de incumplir los protocolos y reglamentos creados para atender el desplazamiento forzado en Michoacán, al señalar que las familias afectadas permanecen sin una respuesta institucional suficiente pese a que existen mecanismos legales para actuar.
En un pronunciamiento público, las organizaciones afirmaron que las autoridades mantienen una política de desatención frente a una problemática que continúa agravándose en distintas regiones del país, particularmente en Apatzingán.
“Las personas en condición de desplazamiento forzado interno encuentran falta de atención a sus riesgos y necesidades por los distintos órdenes de gobierno, a pesar de la existencia de reglamentos y protocolos especializados en Michoacán”.
El colectivo recordó que desde el pasado 19 de junio las comunidades de Cueramatillo, Cueramato y El Guayabo registraron un nuevo evento de desplazamiento forzado provocado por los enfrentamientos entre grupos criminales que disputan el control de esa zona de Tierra Caliente.
Precisó que la cifra de personas desplazadas aumentó de 106 a por lo menos 225, de acuerdo con la actualización realizada por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán mediante testimonios directos de las víctimas.
Las organizaciones señalaron que, pese a que el Gobierno de Michoacán presentó recientemente el Protocolo de Atención a Emergencias de Desplazamiento Forzado y el municipio de Apatzingán cuenta con un reglamento especializado desde octubre de 2023, esos instrumentos no han sido implementados plenamente.
Explicaron que las autoridades debieron activar acciones de primer contacto, elaborar un informe de riesgos, integrar una comisión interinstitucional y diseñar un plan de contingencia para atender a las familias desplazadas.
Sin embargo, advirtieron que continúan registrándose “patrones de negación, desatención y retorno de poblaciones sin condiciones objetivas de seguridad, ni construcción de soluciones duraderas”.
El pronunciamiento también cuestionó que en mayo pasado se promoviera el regreso de habitantes de Cueramato sin garantizar condiciones de seguridad.
Como ejemplo, recordó que días después dos trabajadores agrícolas murieron al activar una mina terrestre en esa misma comunidad.
Para el colectivo, ese hecho evidencia que las medidas oficiales han sido insuficientes para proteger a la población.
“Este comportamiento gubernamental pone en riesgo las vidas de las personas, y las expone a nuevos eventos de desplazamiento”.
Las organizaciones solicitaron al Gobierno de Michoacán y al Gobierno Federal instalar una mesa interinstitucional con representación de las víctimas para definir mecanismos de atención y criterios de retorno que garanticen la seguridad de las comunidades.
Asimismo, exhortaron al Congreso de la Unión a expedir una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Finalmente, sostuvieron que la existencia de leyes y reglamentos no resolverá la problemática mientras no se traduzcan en acciones concretas.
“Recalcamos, que no bastan los instrumentos legales especializados, cuando no se concretan en acciones de gobierno estatales con partidas presupuestales suficientes, funcionarios públicos especializados ni rutas de atención institucional claras y sistemáticas”.