Los integrantes de la Comisión Legislativa que da Seguimiento a los Procesos Electorales y Locales se entrevistaron ayer con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
Un triple propósito los llevó a Bucareli: alertar sobre el escenario de gran riesgo que hay por las próximas elecciones; destacar la necesidad de plantear una ruta de acciones para fortalecer la gobernabilidad y armonía durante el proceso, y abrir un canal de diálogo franco para atender cualquier tema.
Le pedimos al senador del bloque PT-Morena, Luis Humberto Fernández, integrante de la Comisión, que contrastara la reunión de ayer con el nuevo hombre de Bucareli con las que, otrora, sostuvieron con Osorio Chong. “Es más receptivo, más objetivo que Osorio. No estuvo a la defensiva. Mostró serenidad”, nos dijo a titulo personal.
Y admitió: “Su actitud fue receptiva. La de nosotros, respetuosa, pero fría”.
En la reunión estuvo presente Felipe Solís Acero, de los pocos subsecretarios con Osorio que se quedaron con Navarrete.
Navarrete Prida va bien. Se entrevistó también con Javier Corral para tratar el tema de la extradición de César Duarte y la restitución de los famosos 700 millones de pesos que, dice, le retuvo Hacienda por investigar los desvíos de fondos a las campañas del PRI en 2016.
Aunque no hubo acuerdos, el gobernador panista, que más se identifica con el PRD, dijo que hubo un diálogo franco, abierto y amplio.
- Duro, crítico y cero complaciente fue el informe anual del ombudsman Luis Raúl González Pérez frente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. No sólo calificó el 2017 como “año atípico” para los derechos humanos en México, sino que aseguró que estos “no son plenamente respetados”.
No sólo eso. Reprobó a diputados y senadores que dieron luz verde a la controvertida Ley de Seguridad Interior, cuya constitucionalidad impugnó ante la SCJN.
Dijo:
“La ley es, en su parte sustantiva, un instrumento que posibilita que, sin parámetros objetivos y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar, discrecionalmente, la intervención de las Fuerzas Armadas.
“Incide en el ámbito de las libertades y derechos de las personas por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito de la seguridad individual, por cuestiones tan imprecisas y de subjetiva interpretación como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho”.
Ni más, ni menos.
- La CNDH, por cierto, interpuso ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley. Les recordó a los ministros revisar una antigua resolución que adoptaron antes de pronunciarse sobre el tema de la seguridad interior.
Leyó:
“De la interpretación armónica del artículo 8, con el numeral 129, se desprende que dentro de las funciones que tienen conexión exacta con la disciplina militar se encuentra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando, por las circunstancias del caso, requieren de la fuerza militar para salvaguardar la seguridad interior de la nación.
“Esto significa que las Fuerzas Armadas no pueden, por sí mismas, intervenir en asuntos de la competencia de las autoridades civiles. Es imprescindible que se requiera su participación.
“Posteriormente, habiéndose cumplido este requisito, será necesario que las operaciones en las que intervengan estén subordinadas a las autoridades civiles y, además, ajustarse al estricto marco jurídico”.
La CNDH, aclaró, no se opone a que haya un marco regulatorio a la participación del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado, pero en un contexto más acorde con la Constitución.
- A las 16:39 del día de ayer llegó la alerta de Jaime Martínez Veloz al celular de este reportero. La cosa de puso fea en el municipio chiapaneco de Oxchuc.
Gente que identifica con la alcaldesa del PVEM, María Gloria Sánchez, atacó a balazos a pobladores locales. ¿Saldo? Tres heridos graves.
El esposo de María Gloria, también exalcalde de ese ayuntamiento, se jactaba de haber fundado un grupo paramilitar llamado Movimiento Indígena de Resistencia Antizapatista.
Martínez Veloz acompañó la alerta con un comunicado de la Red Nacional Indígena:
“Fuerzas paramilitares o contrarias al pleno ejercicio de los Pueblos Indígenas han atacado a quienes han venido siguiendo procedimientos jurídicos establecidos.
“Hoy la respuesta de intereses ajenos a esta posibilidad de gobernanza atenta directamente contra quienes luchan por los derechos de la mayoría. Por ello exigimos que el Estado mexicano, en pleno ejercicio de su obligación, intervenga y salvaguarde la integridad de nuestros hermanos de Oxchuc”.
¡Ah, los cacicazgos locales!
http://panchogarfias.blogspot.com