Desaparición forzada de familia Guzmán Cruz, es reconocida por la CIDH, la que ha emitido ya recomendaciones al Estado Mexicano por el caso
Morelia, Michoacán.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, por lo que se está a la espera de conocer si el Estado Mexicano acatará o no las recomendaciones que el organismo internacional formuló al respecto.
De acuerdo con Pavel Guzmán nieto y sobrino de los Guzmán Cruz que fueron desaparecidos en la década de los setentas en el contexto de la llamada Guerra Sucia en México, estimó que el próximo mes será presentado el dictamen de fondo de la CIDH, que ya fue emitido.
“En él se reconoce la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz y se obliga al Estado Mexicano a asumir su responsabilidad. Actualmente se encuentra en un periodo de espera, ya que se otorgó al gobierno federal hasta el mes de febrero para responder si acatará o no las recomendaciones emitidas por la Comisión. Además, se nos solicitó que el informe mantuviera carácter reservado hasta que concluya ese plazo, lo cual ocurrirá a finales de mes”.
En 1974 a Jesús Guzmán Jiménez, se lo llevaron detenido el 24 de julio luego de ser retenido, golpeado y torturado junto con comuneras y comuneros en Tarejero -municipio de Zacapu- por militares y elementos de seguridad durante cinco días. En el caso de sus hijos, Amafer fue detenido por la Dirección Federal de Seguridad el 16 de julio de ese mismo año; Armando, el 19 de julio; Solón, el 22 de julio; y Venustiano, tiempo después.
Pavel Guzmán adelantó que en marzo se realizará una manifestación frente a Palacio de Gobierno, con la presencia de comunidades indígenas, para hacer público el contenido del informe. “Aunque representa un avance, todo indica que el gobierno federal podría no aceptar las recomendaciones.
“Consideramos que este es un paso importante, ya que el informe obliga al Estado Mexicano a garantizar la no repetición, a realizar investigaciones exhaustivas y a abrir los archivos correspondientes. Creemos que esto puede dar nuevos bríos a la lucha por las personas desaparecidas. No obstante, hasta finales de este mes no podremos hacerlo público”.
El activista, quien también funge como vocero del Consejo Supremo Indígena, recalcó que todavía existe una gran deuda pendiente en materia de desaparición forzada y desapariciones cometidas por particulares. “Nosotros tenemos identificados, al menos, 20 casos documentados de personas desaparecidas, cuyas denuncias fueron presentadas formalmente. En todos ellos la constante ha sido la absoluta falta de justicia. Hay una impunidad total.
“Se trata de autoridades y personas que fueron desaparecidas por defender el bosque, proteger su territorio o por ser opositores políticos. Desde 1974 hasta la fecha no ha habido ningún avance significativo. Consideramos que no basta con presentar cifras o el número de personas desaparecidas; es necesario que haya memoria, verdad y, sobre todo, justicia. Sin embargo, en los casos de desaparición forzada que afectan a comunidades indígenas no existe justicia, sino una impunidad absoluta”.