El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, señaló que una deuda heredada que fue contratada en 2013 bajo condiciones no óptimas asfixia las finanzas de Michoacán
Adrián López Solís, secretario de Gobierno, advierte sobre el costo de la deuda heredada en Michoacán. / Foto: Benjamín Alvarez / Contramuro

El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, señaló que una deuda heredada que fue contratada en 2013 bajo condiciones no óptimas asfixia las finanzas de Michoacán

Morelia, Michoacán.- El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, informó que un empréstito contratado en 2013 por la anterior administración estatal obliga al Gobierno de Michoacán actual a pagar cerca de 300 millones de pesos en puros intereses, debido a las condiciones poco favorables del contrato.

Los hechos se registraron tras el anuncio del gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien detalló una complejidad financiera para el cierre de 2016 e inicio de 2017. El mandatario explicó la necesidad de reajustar el proyecto de presupuesto anual debido a este compromiso financiero.

Al respecto, López Solís fue enfático sobre el origen del problema:

“Hay algunos préstamos que adquirió el gobierno estatal, principalmente uno de 2013, que no fue contratado en la mejores condiciones, el costo de este empréstito se incrementa en la medida que se incrementan las tasas de referencia”.

El funcionario subrayó que es imperativo revisar la situación ante una economía fluctuante, pues el aumento en las tasas de interés repercute en las finanzas estatales al exigir recursos que, originalmente, no pueden ser presupuestados.

López Solís justificó que el contrato se aceptó en esos términos debido a la situación que atravesaba la entidad en aquel momento:

“La calidad crediticia del estado, financiera también de aquel momento son factores que los acreedores toman en cuenta para proteger el tipo de recurso que ellos ponen a disposición del estado”.

Finalmente, el secretario señaló que, por ahora, el Gobierno de Michoacán no cuenta con la cuantificación total del recurso que se terminará destinando al pago de deuda pública y tasas de interés al finalizar el periodo.