Morena critica la solicitud de extradición de políticos mexicanos por parte de Estados Unidos (EU), argumentando una violación al Estado de derecho
Ciudad de México.- El Comité Ejecutivo Nacional de Morena ha acusado al gobierno de Estados Unidos (EU) de “vulnerar” el Estado de derecho mexicano y los tratados internacionales vigentes, en referencia a la solicitud de extradición de políticos mexicanos.
En un comunicado, el partido oficialista expresó su preocupación por la solicitud de extradición sin pruebas suficientes, lo que consideran una violación de los principios fundamentales del debido proceso y del Estado de derecho en México.
Según los morenistas, la forma en que la embajada comunicó la solicitud infringe la confidencialidad establecida en los tratados internacionales, afectando la confianza necesaria para la cooperación entre ambos países.
El Comité, encabezado por Luisa María Alcalde hasta el próximo domingo 3 de mayo, reafirmó su apoyo a la actuación institucional del Gobierno de México respecto a las solicitudes de extradición de Estados Unidos, siempre en estricto apego al Estado de derecho.
El partido reiteró su confianza en la Fiscalía General de la República, la única entidad encargada de revisar la legalidad de la petición estadounidense para extraditar al gobernador de Sinaloa y a otros políticos acusados de vínculos con el crimen organizado.
“Como lo ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforme a la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales vigentes, dichas solicitudes deben seguir un proceso claro: serán analizadas por la Fiscalía General de la República, única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder”, señala el comunicado.
Finalmente, el CEN de Morena afirmó que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, en “apego a derecho y en defensa de la soberanía nacional”.
La solicitud formal de extradición realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluye al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y mandos policiales de Sinaloa.
El expediente, desclasificado por una corte federal en Nueva York, menciona a figuras como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez.
La justicia estadounidense acusa a este grupo de servidores públicos de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego, vinculándolos con una estructura que supuestamente brindó protección institucional al Cártel de Sinaloa.